Desde hace una década, la política en Perú se convirtió en sinónimo de inestabilidad. Prueba de ello es que ha contabilizado un total de ocho presidentes en aproximadamente diez años, con tres destituciones y dos renuncias. Ahora, el país se enfrenta a un nuevo escenario insólito: tras casi una semana de las elecciones presidenciales, los candidatos que irán a segunda vuelta siguen siendo un misterio.
La única gran certeza del proceso electoral peruano es que la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, participará en la segunda vuelta, que se disputará el domingo 7 de junio. La líder de la derecha más tradicional encabeza las votaciones con alrededor del 17 por ciento, en una contienda con un récord de 35 candidatos que se registraron para la lucha por la presidencia. Sus contrincantes se disputan mesa a mesa en el escrutinio, y con la Justicia involucrada, para llegar a la siguiente instancia.
Al cierre de esta edición, el líder de izquierda y heredero del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo, Roberto Sánchez, ocupa el segundo lugar de las elecciones con el 12,04 por ciento de los votos, equivalentes a 1.890.303 de los apoyos. Le sigue Rafael López Aliaga, el exalcalde radical de derecha de Lima, con el 11,92 por ciento, es decir, 1.877.080 sufragios. La diferencia entre ambos candidatos es de menos de un punto porcentual y de poco más de 13.000 votos, margen que con cada reporte se hace más pequeño.
Con cerca del 94 por ciento de las mesas informadas, aún falta por computar casi un tercio de las mesas de peruanos que votan en el extranjero, donde López Aliaga está arrasando, incluso por encima de Fujimori. Pero también faltan muchas urnas ubicadas en las regiones más alejadas de la capital, bastiones para Sánchez, por lo cual el voto finish entre ambos candidatos se definirá por un estrecho margen.
En todo caso, la disputa podría demorar días o hasta semanas, pues aproximadamente el 5 por ciento de las actas tendrán que ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales ante posibles inconsistencias.
“La Onpe, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, va a revisar todas las actas, independientemente de si son enviadas a los Jurados Electorales Especiales o no. Para eso falta aproximadamente un 6 por ciento de las actas. No hay una explicación oficial, pero se puede inferir que se debe a la complejidad geográfica del Perú: hay actas que llegan desde ciudades a las que se tarda hasta dos días por carretera”, le aseguró Ricardo Guerra, periodista del diario Gestión de Perú, a SEMANA.
Una vez terminado ese proceso, el Jurado Electoral Especial tiene cinco días calendario para resolver cada caso, explicó Guerra. Sin embargo, no se trata de un trámite simultáneo, sino escalonado. Con esto pueden revisar un acta un lunes y resolverla el viernes, otra el miércoles y resolverla el domingo, y así sucesivamente. “Por eso es probable que pasen entre dos y tres semanas antes de que el país sepa quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta”, manifestó.
Sin embargo, más allá de la estrecha diferencia, el proceso enfrenta desafíos más complejos.
Durante las elecciones del domingo, hubo problemas en la distribución del material electoral que impidieron la apertura de algunas mesas y retrasaron la votación en distintos puntos del país, especialmente en Lima. En ciertos casos, miles de ciudadanos no pudieron votar en el horario previsto y las autoridades se vieron obligadas a extender la jornada hasta el lunes. Estas irregularidades afectaron la percepción de legitimidad del proceso.
El escándalo alcanzó tal magnitud que José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la Onpe, uno de los funcionarios responsables de la organización operativa de las elecciones, fue capturado por las autoridades peruanas por presuntos delitos de omisión o demora de funciones públicas en relación con las miles de mesas que no se instalaron por falta de material electoral.
En ese contexto han surgido denuncias de fraude, impulsadas principalmente por López Aliaga, quien ha cuestionado los resultados y hasta ofreció millonarias recompensas de más de 5.500 dólares (alrededor de 19 millones de pesos colombianos) por información de pruebas que respalden sus acusaciones. No obstante, hasta ahora, las misiones de observación internacional no han encontrado evidencia que sustente las denuncias del exalcalde.
Desde el entorno de Sánchez aseguraron que el candidato pretende “torcer el resultado” e hicieron un contundente llamado a sus votantes. “Si hay dudas en este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos”, señaló el líder de izquierda en un comunicado difundido en redes sociales. Llamó a sus simpatizantes a “defender cada voto”.
El escenario se vuelve aún más intrincado si se tiene en cuenta que la segunda vuelta se disputa entre dos candidatos diametralmente opuestos, por lo que es poco probable que alguno reconozca la derrota más allá de lo que digan los esperados resultados oficiales.
Roberto Sánchez representa una izquierda de base rural y más radical, que promete sacar al director del Banco Central de Reserva peruano, Julio Velarde. También impulsa la redacción de una nueva constitución en la que haya mayor representatividad y derechos para los ciudadanos de las poblaciones más excluidas y pobres, como los campesinos e indígenas. Asimismo, asegura que indultará a Pedro Castillo, nacionalizará la industria de los recursos naturales, regulará los mercados y aumentará el gasto público.
En la otra orilla se encuentra Rafael López Aliaga, alcalde de Lima durante casi dos años hasta que renunció para buscar la presidencia. Es un declarado seguidor de Donald Trump y propone el uso de tribunales militares para ciertos delitos, la construcción de cárceles en zonas alejadas como la selva, la pena de muerte para criminales graves y expulsar a inmigrantes en situación irregular vinculados con delitos.
Esta lucha para ambos candidatos es existencial, ya que los dos tendrían opciones de liderar el país en caso de avanzar al balotaje. La encuesta de Ipsos anticipó un escenario en el que, en un eventual enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima aparecía con ventaja, pero con un nivel de rechazo cercano al 40 por ciento del electorado. No obstante, le bastaría para vencer a la hija del autócrata presidente con el 39 por ciento de los votos, contra tan solo 20 puntos porcentuales para ella, pero con un gran nivel de indecisos que podrían inclinarse para cualquier bando.
En el caso de un enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, las encuestas en Perú aún no han calculado una proyección como en otros escenarios. Sin embargo, los sondeos coinciden en que la candidata fujimorista parte con ventaja en intención de voto, aunque con un techo limitado y un alto nivel de rechazo de los peruanos, especialmente por la sombra de los crímenes de su padre. Esto dejaría el resultado abierto a lo que ocurra durante la campaña del balotaje y que la dirigente perdiera por cuarta vez la segunda vuelta presidencial de manera consecutiva.
Con el resultado aún abierto y bajo la lupa de las autoridades, Perú enfrenta una elección con una polarización extrema. El país no solo define a sus candidatos, sino que vuelve a poner a prueba la solidez de su democracia.