El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción a diez provincias más, con lo que son ya son doce de las 24 las afectadas en medio de las protestas del paro indefinido convocado por las organizaciones indígenas contra el fin del subsidio al diésel.
A las provincias de Carchi e Imbabura, en las que ya estaba en vigor desde el 16 de septiembre, ahora se suman las de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por causa de “grave conmoción interna”. La medida supone la suspensión del derecho de reunión.
En estas diez jurisdicciones hay paralizaciones y hechos de violencia que alteran el orden público, “provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos”, según el decreto firmado en la noche del sábado por Noboa.
El decreto menciona la “radicalización” de las protestas en estas provincias y busca evitar una “mayor afectación a la población ecuatoriana”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, denunció desde Chimborazo la “actitud prepotente” del Gobierno de Noboa y advirtió de la posibilidad de marchar sobre la capital, Quito. “La lucha continúa y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a hacerlo”, afirmó Vargas.
La mayor organización de pueblos originarios (Conaie) protesta desde el pasado 22 de septiembre por la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó de 1,80 a 2,80 dólares el galón.
Las protestas han dejado un manifestante muerto por impacto de bala, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y más de un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.
En el decreto expedido el sábado, por 60 días, Noboa señaló que hay “paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público” y que se ha registrado una “radicalización” en las protestas.
El principal foco de choques entre manifestantes y la fuerza pública está en Imbabura, una provincia andina dedicada a la ganadería y lafloricultura, donde se concentra un 10 % de la población indígena. El sector de flores estima las pérdidas en un millón de dólares al día.
El alza del precio del diésel en 56 % representa un golpe para la economía de los campesinos, según la Conaie, que también reclama la baja del IVA del 15 % al 12 % y una mayor asignación presupuestal para los sectores de educación y salud públicas.
La organización indicó el domingo, en un comunicado, que tras dos semanas del paro nacional, el gobierno “responde con represión a las demandas del pueblo” y que el decreto “militariza los territorios” indígenas.
Noboa manifestó el domingo que aplicará la ley. “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos”, expresó.
El gobernante señaló que “a los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”.