Una millonaria demanda por presunto fraude fue radicada ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York contra el empresario antioqueño y excandidato presidencial Santiago Botero, en un caso relacionado con la venta de la fintech colombiana FinSocial y que podría derivar en reclamaciones superiores a los 150 millones de dólares, esto según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo.
Según se supo, la acción judicial fue presentada el pasado 8 de julio por las firmas Christofferson Robb & Company LLC (CRC), con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registradas en Islas Caimán. Los demandantes señalan a Botero, al grupo Kandeo y a Medici S.A.S. de haber suministrado información financiera presuntamente falsa durante la venta de FinSocial en 2021.
La operación, que permitió la adquisición del 100 % de las acciones de la compañía, se cerró por cerca de 36 millones de dólares. Los compradores sostienen que FinSocial fue presentada como una empresa tecnológica sólida dedicada principalmente a créditos de libranza y consumo, pero afirman que posteriores auditorías detectaron inconsistencias significativas en la información financiera entregada durante la negociación.
Entre los principales señalamientos figura un préstamo puente por 19 millones de dólares otorgado a la fintech para ampliar su cartera crediticia. Los demandantes aseguran que, al aprobarse el desembolso, se certificó que la información financiera era correcta y que los créditos utilizados como garantía eran válidos. Sin embargo, la demanda sostiene que parte de esa cartera habría sido inexistente.
El expediente también menciona un informe de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025, según el cual el 98 % de los créditos ofrecidos como garantía presentaban mora superior a 30 días y cerca de 42.000 millones de pesos del capital de respaldo corresponderían a créditos ficticios o inactivos.
Otro de los elementos centrales del caso es el testimonio del exdirector financiero de FinSocial, Juan Manuel Puerto. Los demandantes lo presentan como un testigo clave y aseguran que reconoció irregularidades contables dentro de la empresa. No obstante, El Tiempo señala que existe una declaración notariada en la que Puerto niega haber afirmado que Santiago Botero hubiera ordenado manipular los libros contables de la compañía.
Además, los compradores denuncian la existencia de una supuesta red de transacciones entre FinSocial y compañías vinculadas a Botero. Según el expediente, entre 2019 y 2021 se habrían realizado operaciones por aproximadamente 57.000 millones de pesos con empresas relacionadas con el empresario, movimientos que presuntamente no fueron revelados durante el proceso de adquisición.
La acción judicial también sostiene que, tras concretarse la compra, se produjo un desvío de fondos y ocultamiento de activos. Los demandantes afirman que decenas de millones de dólares habrían sido transferidos sin un propósito comercial legítimo, incluyendo pagos directos a Botero y empresas afiliadas.
Consultado por El Tiempo, Santiago Botero rechazó los señalamientos y calificó la demanda como una “distorsión de los hechos” y que los compradores buscan justificar pérdidas derivadas de la operación, y sostuvo que todas las transacciones contaron con supervisión de revisores fiscales.