La administración de Donald Trump puso en marcha este viernes una nueva norma que amplía los criterios que pueden utilizar los funcionarios migratorios para determinar si un extranjero que solicita la residencia permanente podría convertirse en una denominada “carga pública”. La medida ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los inmigrantes y demandas en tribunales federales.
La regulación permite a los funcionarios considerar una gama más amplia de programas de asistencia pública al evaluar las solicitudes de residencia permanente, conocida popularmente como green card. Entre los beneficios que pueden entrar en el análisis están Medicaid, los cupones de alimentos y determinados programas de ayuda para vivienda.
El cambio también contempla la posibilidad de considerar beneficios solicitados o recibidos por determinados familiares del solicitante, incluidos hijos que sean ciudadanos estadounidenses. De esta manera, la evaluación ya no se limita exclusivamente a los recursos utilizados directamente por la persona que busca obtener la residencia.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alrededor de 588.000 solicitantes son sometidos cada año a evaluaciones relacionadas con la denominada carga pública. Sin embargo, el impacto podría extenderse a más personas debido a que algunas familias podrían decidir no solicitar determinados beneficios por temor a que su utilización afecte futuras decisiones migratorias.
El propio DHS calcula que cerca de 950.000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas de beneficios públicos como consecuencia de la nueva regulación. Entre ellos se encuentran Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, el Programa de Seguro Médico Infantil y determinadas ayudas federales para el alquiler.
La medida revive además una política implementada durante el primer mandato de Trump. En 2019, su administración amplió la definición de “carga pública” para incluir determinados beneficios no monetarios. La norma comenzó a aplicarse en 2020, pero posteriormente enfrentó demandas y fue anulada por un tribunal federal. La administración de Joe Biden terminó derogándola y en 2022 estableció una regulación más limitada.
Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional decidió rescindir esa regulación de 2022. Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la nueva disposición busca permitir que los funcionarios analicen todos los factores pertinentes de cada caso para determinar si una persona podría depender de beneficios financiados por los contribuyentes.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes han advertido sobre un posible efecto disuasorio, especialmente entre familias que tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Argumentan que algunos hogares podrían dejar de utilizar programas a los que tienen derecho por temor a perjudicar futuras solicitudes migratorias.
La norma también enfrenta desafíos judiciales. Varias demandas buscan impedir su aplicación, mientras la regulación entró en vigor este 18 de septiembre.
El gobierno de Trump sostiene que el cambio busca reforzar el principio de que quienes pretendan establecerse permanentemente en Estados Unidos deben demostrar capacidad para mantenerse sin depender de determinados recursos públicos. La disputa ahora se desarrolla tanto en los tribunales como en el debate sobre los efectos que tendrá la nueva política migratoria.