El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Colombia en el nivel 2 de su clasificación anual sobre trata de personas, al concluir que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito, aunque continúa realizando esfuerzos significativos para combatirlo. El periodo evaluado fue el del año 2025, correspondiente al gobierno de Gustavo Petro.
El informe destacó que las autoridades colombianas aumentaron la identificación de víctimas, fortalecieron la cooperación con gobiernos extranjeros en investigaciones y repatriaciones, incrementaron los recursos destinados a la prevención y adoptaron medidas legales para facilitar el uso de testimonios pregrabados de niños víctimas durante procesos judiciales.
Sin embargo, Washington señaló que los resultados siguieron siendo insuficientes en aspectos considerados fundamentales. Según el reporte, durante 2025 disminuyeron las investigaciones, los procesamientos y las condenas por trata de personas.
La Fiscalía General reportó 419 investigaciones de casos sospechosos frente a 429 registradas el año anterior. Asimismo, procesó a 11 sospechosos por trata sexual y los tribunales condenaron a nueve traficantes, cifras inferiores a las de 2024.
El documento también cuestionó que, por octavo año consecutivo, las autoridades no hayan llevado a juicio ningún caso de trata laboral, pese a la identificación de víctimas y la existencia de investigaciones en varios sectores económicos.
El Departamento de Estado atribuyó parte de esta situación a la falta de capacitación especializada y a limitaciones institucionales para detectar y perseguir estos delitos.
Otro de los puntos de mayor preocupación es el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales. El informe sostuvo que el número estimado de víctimas aumentó significativamente y criticó que las autoridades no hayan tomado medidas proporcionales para llevar a los responsables ante la justicia, prevenir nuevos casos o identificar oportunamente a niños en situación de riesgo.
Según el reporte, los niños de departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca continúan enfrentando altos niveles de vulnerabilidad. Las autoridades estiman que más de la mitad de los 3.300 nuevos reclutas incorporados a grupos armados entre diciembre de 2024 y julio de 2025 eran menores de edad.
Además, la región del Catatumbo, una de las más afectadas por el conflicto, habría experimentado un incremento del 700 % en los casos de reclutamiento y utilización de niños en actividades armadas de los grupos criminales al margen de la ley.
El Departamento de Estado también manifestó preocupación por la corrupción y la posible complicidad de funcionarios públicos en delitos relacionados con la trata de personas. El Gobierno colombiano no reportó nuevas condenas ni procesamientos contra servidores públicos presuntamente involucrados en estos hechos durante el periodo evaluado, indicó el Departamento.
En materia de protección, el informe señaló que las autoridades identificaron 435 posibles víctimas en 2025, una cifra superior a las 400 registradas el año anterior. No obstante, advirtió que la asistencia prestada continúa siendo insuficiente, especialmente para adultos y víctimas de explotación laboral.
Pese a las críticas, Washington reconoció que Colombia aumentó la financiación destinada a la prevención y mantuvo mecanismos de coordinación institucional para enfrentar este delito.