La cifra de heridos y fallecidos sigue en aumento por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la noche del pasado miércoles 24 de junio.
El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, aseguró que el estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos.
“Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña”, dijo.
Destacando que desde el mismo momento en que sucedió el “evento sísmico” se activaron “de manera automática” todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional, Alvarado ha insistido sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos.
Más allá de la dolorosa pérdida de vidas humanas, el terremoto representa un durísimo golpe para el frágil proceso de estabilización y reapertura económica que Venezuela venía experimentando de cara al mercado internacional.
Las estimaciones preliminares del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) apuntan a que las pérdidas económicas totales derivadas de la destrucción de bienes públicos y privados podrían representar entre el 5 % y el 7 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Los analistas del sector de reaseguros estiman que superará con creces los 10.000 millones de dólares, señala Reuters.
El terremoto no solo ha dejado un trágico saldo de víctimas mortales, sino que también ha supuesto un severo revés para el delicado proceso de recuperación y apertura económica que Venezuela comenzaba a consolidar ante los mercados internacionales.
Según las primeras estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los daños ocasionados en bienes públicos y privados podrían equivaler a entre el 5 % y el 7 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Por su parte, especialistas del sector reasegurador, citados por Reuters, calculan que las pérdidas económicas superarán ampliamente los 10.000 millones de dólares.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a la reconstrucción de viviendas, hospitales e infraestructuras afectadas.
Asimismo, la catástrofe ha vuelto a poner sobre la mesa el debate internacional acerca de la fragilidad de las infraestructuras en el norte de Sudamérica.
Expertos consultados por diversos medios internacionales señalan que, en comparación con otros territorios de elevada actividad sísmica, como Japón, Venezuela se enfrenta a un riesgo mucho mayor debido al deterioro generalizado y a la escasa actualización de los estándares de construcción aplicados durante las últimas décadas.
La inexistencia de normas antisísmicas rigurosas, así como el incumplimiento de las ya existentes, explica que numerosas edificaciones residenciales multifamiliares quedaran reducidas a escombros en apenas unos segundos tras el desplazamiento de las placas tectónicas.
Desde una perspectiva macroeconómica, diversos economistas de reconocido prestigio han comenzado a evaluar las implicaciones fiscales derivadas de la reconstrucción, según un artículo del Huffpost.
Rachel Ziemba, miembro adjunto sénior del Center for a New American Security (Centro para una Nueva Seguridad Americana), dijo a la cadena qatarí Al Jazeera que la rápida decisión del Ejecutivo venezolano de crear un fondo especial para la reconstrucción requerirá inevitablemente el apoyo de organismos multilaterales.
La experta valoró positivamente el anuncio de una primera partida de emergencia, aunque advirtió que, “para que este capital sea efectivo y el flujo de ayuda se materialice, podrían ser necesarios ajustes adicionales en el régimen de sanciones internacionales que pesa sobre el país”.
Además, subrayó que “es crucial facilitar las remesas, los flujos de capital privado y otorgar una mayor flexibilidad para la importación directa de materiales de construcción esenciales”.