Nicolás Maduro podría salir libre. No es el escenario más probable, pero tampoco es descartable, según explicó en entrevista con SEMANA David Varela, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington D. C.
El experto analizó los distintos caminos jurídicos que podrían cambiar el rumbo del proceso penal que se sigue contra el expresidente venezolano y su esposa Cilia Flores en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde está previsto que el juicio comience en junio de 2027.
Una columna de opinión publicada en el New York Times plantea una tesis jurídica que ha generado debate: que debido a la existencia de un tratado de extradición de más de cien años entre Venezuela y Estados Unidos, ese instrumento debería haberse aplicado al caso de Maduro.
Dentro del tratado existe una cláusula de arbitraje para cuando las partes tengan diferencias, lo que en teoría permitiría a Venezuela solicitar que árbitros independientes decidieran si la extracción de Maduro de Caracas se realizó correctamente.
Varela reconoce que es una opinión jurídica respetable, pero la descarta como poco viable en la práctica. “Es dudoso que el juez a cargo del proceso penal fuera a suspenderlo por virtud de ese argumento”, señaló. La razón es una doctrina jurídica consolidada en Estados Unidos que, con varios presidentes, ha permitido este tipo de capturas en el exterior sin que el método de aprehensión vicie el proceso penal posterior.
Pero más allá del argumento legal, Varela habla de que sería algo politicamente improbable para el gobierno Trump: “Abrir ese frente es improbable por parte de la administración de Rodríguez para comenzar a tratar de socavar el principal fundamento de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Y abrir un arbitraje con resultados inciertos no creo que fuera ni en el interés del gobierno actual de Venezuela ni en el interés del gobierno de Estados Unidos”.
La fijación de la fecha del juicio no implica inactividad. Todo lo contrario, advierte Varela. En los próximos meses, el proceso entrará en la fase conocida como discovery, en la que la fiscalía debe entregar a la defensa las pruebas con las que planea obtener la condena. Esas pruebas pueden incluir material secreto o de seguridad nacional, lo que abre un frente adicional de debate jurídico sobre qué se exhibe en su totalidad y qué se anonimiza.
Paralelamente, los abogados de Maduro presentarán mociones ante el juez para intentar terminar el proceso anticipadamente, sin llegar al juicio. Los argumentos más probables son dos: la inmunidad de Maduro como jefe de Estado y la ilegalidad de su captura en Caracas.
“Algunos sostienen que como jefe de Estado tenía el derecho a la inmunidad soberana reconocido por las leyes americanas. Otros sostienen que Estados Unidos había dejado de reconocerlo como presidente desde 2019, por lo tanto no lo beneficia la inmunidad soberana”, explicó Varela.
Varela identifica varios caminos alternativos. Si el juez rechaza las mociones de la defensa y acepta las de la fiscalía, el proceso llega al juicio. En ese caso, doce ciudadanos estadounidenses elegidos como jurado serán quienes decidan la culpabilidad o inocencia de Maduro y su esposa. “El juez preside el proceso, asegura las garantías de todas las partes, pero la decisión es del jurado”, precisó el experto.
“Si fuera absuelto, podría recuperar la libertad. Lo mismo recuperaría la libertad si el juez termina anticipadamente el proceso por cualquiera de las causas mencionadas”, señaló Varela. “Habrá muchas opiniones jurídicas, pero finalmente lo van a decidir no los abogados, ni siquiera el juez. La decisión de condenar o de absolver es del jurado”, cerró el experto en su diálogo con SEMANA.