Una nueva acusación presentada ante un gran jurado federal de Estados Unidos vuelve a poner bajo la lupa los presuntos vínculos entre altos funcionarios venezolanos y organizaciones armadas y narcotraficantes con presencia en Colombia.
El documento señala relaciones con las Farc y el ELN alrededor del tráfico de cocaína, armas y rutas utilizadas para movilizar cargamentos.
Según los fiscales estadounidenses, funcionarios militares y de inteligencia venezolanos habrían permitido o facilitado operaciones relacionadas con organizaciones criminales durante varios años.
Entre los elementos mencionados aparece un funcionario identificado como CC-1, quien estaría relacionado con cargamentos de cocaína obtenidos de las Farc y con operaciones de traslado de armas destinadas a las Farc y el ELN a cambio de droga.
El expediente no constituye un caso aislado. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de participar presuntamente en una conspiración de narcoterrorismo con las Farc.
Los fiscales estadounidenses sostuvieron entonces que integrantes del Gobierno venezolano habían colaborado con dirigentes de la antigua guerrilla para facilitar el tráfico de cocaína.
Uno de los antecedentes más importantes dentro de esta investigación es el del general venezolano Hugo Armando Carvajal, antiguo jefe de inteligencia militar de Venezuela. En junio de 2025 se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Carvajal había colaborado con las Farc en operaciones de narcotráfico y les habría proporcionado apoyo y armamento.
La nueva acusación vuelve a incorporar al ELN en este entramado. La organización guerrillera, que mantiene presencia en distintas zonas de Colombia y sectores fronterizos con Venezuela, aparece mencionada dentro de las estructuras que, según los fiscales, habrían participado en actividades relacionadas con la producción y movilización de cocaína.
La frontera entre Colombia y Venezuela adquiere así especial importancia dentro del caso. Durante décadas, diferentes grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico han utilizado zonas fronterizas para movilizar personas, mercancías y drogas, lo que ha convertido estos territorios en puntos estratégicos para las economías ilegales.
La acusación estadounidense también vuelve a señalar al aparato estatal venezolano como un elemento central de la presunta estructura.
Los fiscales sostienen que determinados funcionarios habrían utilizado sus posiciones para facilitar operaciones de narcotráfico y brindar protección a integrantes de organizaciones armadas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la dimensión regional del narcotráfico y los presuntos vínculos entre funcionarios venezolanos, grupos armados colombianos y redes internacionales de distribución de cocaína.