El gobierno de Donald Trump está planeando un aumento significativo de las operaciones de control migratorio en lugares de trabajo, con funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en conversaciones continuas para diseñar una estrategia coordinada, reveló CNN citando cinco fuentes familiarizadas con las discusiones internas.
La iniciativa responde a la presión de los sectores más duros de la agenda migratoria de Trump, quienes argumentan que sin redadas en los centros de trabajo las cifras de deportaciones no alcanzarán los niveles que el presidente prometió. “La realidad es que la aplicación en lugares de trabajo no está ocurriendo y, sin eso, las cifras no alcanzarán los niveles necesarios”, dijo a CNN un funcionario del gobierno.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó esta semana en una conferencia de prensa en Nueva York que los números ya van al alza. “Estamos deportando en promedio a más de 3.000 individuos; de hecho, el promedio ha sido, desde hace varias semanas, de más de 3.200 individuos al día. Estamos intensificando cada día porque estamos tratando de restaurar la ley y el orden, independientemente de si vives en un estado rojo o en un estado azul”, afirmó.
Según las fuentes consultadas por CNN, la estrategia contempla dos frentes. El primero es educativo: informar a los empleadores sobre sus responsabilidades legales en materia de contratación. El segundo es punitivo: realizar arrestos migratorios en lugares de trabajo vinculados a actividad criminal. Las fuentes advirtieron que los planes aún están en desarrollo y pueden cambiar.
La Casa Blanca insistió en que no se trata de una política nueva. “El gobierno ha estado realizando investigaciones penales sobre una serie de violaciones desde el inicio de la administración en asuntos como fraude de asistencia social, fraude de beneficios, robo de identidad y más. Si las investigaciones requieren acción de las autoridades para detener a quienes están infringiendo la ley, el gobierno de Trump hará cumplir la ley”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló al medio estadounidense que ha habido un “aumento de las investigaciones penales dirigidas al fraude”, sin precisar sectores ni empresas específicas.
La nueva iniciativa reproduce tensiones que ya se vivieron el año pasado dentro del propio gobierno. En 2025, el subjefe de gabinete Stephen Miller ordenó a ICE cumplir cuotas diarias de 3.000 arrestos migratorios, una cifra sin precedentes que la agencia tuvo dificultades para alcanzar.
En ese mismo período, los agentes recibieron instrucciones contradictorias de parte de sus superiores. Primero se les dijo que limitaran las redadas en granjas, hoteles y restaurantes, y luego se les pidió que continuaran con la aplicación de la ley en esos mismos sectores.
El propio Trump ha tenido opiniones divididas en repetidas ocasiones sobre el tema. En distintos momentos sugirió que las granjas y otras industrias que emplean migrantes deberían ser protegidas, mientras simultáneamente presionaba a ICE para intensificar las operaciones. Esa ambigüedad generó confusión dentro de la agencia y frenó el alcance de las redadas.
El alcance exacto de la nueva iniciativa aún no está definido, pero se espera que se conozca a fondo la naturaleza de ella. Por ahora, la presión política del gobierno para mostrar resultados en materia migratoria sigue creciendo.