Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado el pasado sábado, 20 de junio.
La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales que rodean a la familia y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría.
En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.
El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.
El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.
El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa medida.
El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.
En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.
“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez en esa resolución.
“Día nefasto” -
La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.
“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la justicia”, reaccionó en la red social X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo”, agregó.
Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechaza el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.
En su auto de 84 páginas, el juez señala que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.
Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar sobre si se mantenía o no en el cargo.
Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.
El jefe del Gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.
Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.
Con información de AFP*