La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU denunció este lunes un agravamiento de la persecución política en Venezuela, señalando que la única esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos recae en la comunidad internacional.
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, la Misión documentó nuevas evidencias sobre la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como abusos cometidos durante 2025. Según el documento, el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido un patrón de violencia que incluye torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.
La investigación determinó que, de las 25 muertes registradas en las protestas del 29 y 30 de julio de 2024, al menos 12 fueron responsabilidad directa de los cuerpos de seguridad del Estado. En Maracay, por ejemplo, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes, causando seis muertes. Una de las víctimas, según el informe, recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia.
“La Fiscalía no ha informado sobre avances en las investigaciones, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad. Nuestra investigación ha revelado lo contrario: todas las muertes permanecen en la impunidad”, denunció Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
El informe también registra la muerte de cinco personas bajo custodia estatal durante protestas en 2024 y 2025. En dos de los casos, se comprobó que los detenidos no recibieron atención médica oportuna, lo que constituye tratos “crueles, inhumanos y degradantes”.
Aunque 2.006 de las 2.220 personas arrestadas en 2024 fueron liberadas progresivamente, la Misión contabilizó al menos 200 nuevas detenciones selectivas en 2025 contra voces críticas. Entre los casos más graves, se reporta la detención de 220 menores de entre 13 y 17 años, quienes fueron sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Cuatro adolescentes aún permanecen privados de la libertad en los estados La Guaira y Lara.
“Las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida. A esto se suma el maltrato a familias, la falta de investigación y la complicidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo”, afirmó la experta Patricia Tappatá.
Por su parte, el investigador Francisco Cox advirtió que las detenciones de este año repiten el mismo patrón de 2024: “sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con expedientes fabricados”. Y subrayó: “Ante el sometimiento de la justicia al Ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales”.
El informe describe un sistema de tortura planificado y sistemático, que incluye asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación. Los tribunales, señala el documento, ignoran las denuncias de las víctimas y garantizan impunidad a los perpetradores.
Además, la ONU alerta sobre el impacto de nuevas normativas como la ley de “financiación de ONG” y la llamada ley “Simón Bolívar”, utilizadas como instrumentos adicionales de represión que han obligado a organizaciones civiles a reducir o cerrar programas de parte del régimen.
En su declaración final, Marta Valiñas fue categórica: “Las evidencias confirman que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas graves violaciones de derechos humanos”, según se cita en la web de las Naciones Unidas.
La Misión concluye que el aparato judicial venezolano, ligado a la dictadura chavista, ha renunciado a su obligación de investigar y sancionar, dejando a la comunidad internacional como última instancia para garantizar justicia a las víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro.