Tres organizaciones de militares en retiro han presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro de Defensa y uno de sus grandes aliados, Vladimir Padrino López. La acusación, formalizada durante este sábado 15 de marzo, los señala como responsables del presunto delito de exterminio, el cual está tipificado en el artículo 7(b) del Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad.
Los denunciantes sostienen que el régimen venezolano ha ejecutado de manera sistemática y generalizada una política de destrucción contra la población más vulnerable, particularmente los adultos mayores, incluyendo a los militares retirados que dependen de pensiones y jubilaciones. La falta de acceso a recursos básicos como alimentos, medicamentos y servicios esenciales es señalada como parte de una estrategia que afecta de manera directa a este sector de la población.
Según el texto, Maduro y su régimen han “llevado a efecto mediante acciones concretas, sistemáticas, generalizadas y públicas, destinadas a causar la destrucción del sector más vulnerable de la población venezolana como lo son los ancianos, en especial al personal de militares retirados, sometidos a pensión y/o jubilación”.
En el documento enviado a la CPI, los militares retirados instan al fiscal Karim Khan a presentar con urgencia el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares para que, conforme a los artículos 15 y 53 del Estatuto de Roma, se proceda con la apertura formal del juicio contra los denunciados. Asimismo, solicitan que, de ser procedente, se emitan órdenes de detención o comparecencia para Maduro y Padrino López, con el fin de iniciar el proceso judicial correspondiente.
La denuncia está suscrita por tres altos oficiales retirados: el general de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar (FIM); el general de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette, líder del Movimiento de Militares Retirados (MMR), y el coronel (GN) Hidalgo Antonio Valero Briceño, representante de la Asociación Defensores Populares de la Nueva República (DPR).
Según el escrito, las precarias pensiones y la descomposición del sistema de seguridad social han generado una situación insostenible para la población, agravada por políticas que los denunciantes califican de negligentes y deliberadas. Herrera, Montero y Valero argumentan que la devaluación sucesiva de la moneda, junto con la mala administración económica y la corrupción desenfrenada, han llevado al colapso del bienestar social en el país.
En este contexto, sostienen que las acciones del Gobierno venezolano constituyen una forma de privación sistemática de bienes y servicios esenciales, lo que, a su juicio, configura un crimen de lesa humanidad. Denuncian que la falta de garantías para el acceso a alimentos y medicamentos ha impactado severamente a los adultos mayores, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad.
El llamado de los militares retirados a la CPI busca que el organismo internacional intervenga y determine la responsabilidad penal de Maduro y Padrino López en los crímenes contra la población venezolana durante los años que ha durado la dictadura del chavismo, que ya completa más de 13 años desde la llegada del autoritario mandatario, además de los 25 años desde que llegó Hugo Chávez al poder.