El gobierno de Estados Unidos ordenó a consulados y a embajadas que consideren ciertas condiciones de salud comunes, como la obesidad, diabetes o enfermedades cardiacas, al decidir sobre la otorgación de visas y residencias.
Un cable del Departamento de Estado instruye a los oficiales consulares a evaluar condiciones crónicas de salud, cuando consideren que u solicitante podría convertirse en un public charge, una carga pública.
¿Por qué se da esta medida?
La recomendación dada pide que los oficiales valoren la probabilidad de que los cuidados médicos futuros del solicitante generen costos elevados para el sistema estadounidense, tal y como lo informa KFF Health New.
La lista de condiciones médicas citadas incluye, diabetes, asma, hipertensión, apnea del sueño, cáncer, enfermedades neurológicas o metabólicas, trastornos de salud mental y obesidad.
Dado que la obesidad afecta a 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos, según datos recientes del CDC, la medida podría impactar a un número considerable de solicitantes y a familiares dependientes, como se registra en CDC.
Expertos en migración y organizaciones han levantado sus alarmas. Charles Wheeler, abogado del Catholic Legal Immigration Network, advirtió que la medida da demasiada discrecionalidad a funcionarios consulares, que no son personal médico, para anticipar costos y riesgos de salud futuros, lo cual puede traducirse en sesgos y rechazos.
¿En qué se basa la medida?
La norma establecida por el Gobierno se basa en una vieja figura legal del public change, usada históricamente para negar residencias a quienes se prevé que dependerán de ayudas públicas.
Sin embargo, la reciente directiva amplía las lista de factores médicos que deben tenerse en cuenta y faculta a los oficiales de inmigración para que determinen repercusiones futuras.
Teniendo en cuenta esto, las condiciones crónicas de algunos migrantes podrían convertirse en razones de inadmisión.
De acuerdo a lo que se informa en la página web Fragomen, firmas de asesoría migratoria ha señalado que el cambio puede aplicarse especialmente a quienes buscan obtener su residencia permanente, a unque su aplicación se puede extender a otro tipo de solicitudes consulares.
Por su parte, el Gobierno ha dicho que la medida busca proteger recursos públicos y prever costos a largo plazo.
Más allá de las cifras y reglamentos, esta decisión toca una fibra profunda que implica la dignidad de quienes buscan una oportunidad en otro país.
Para muchos opositores a la noma, la salud no debería ser un obstáculo más para obtener una ciudadanía en Estados Unidos.
El debate, que apenas comienza, podría definir el rumbo ético de la inmigración en los próximos años.