En Estados Unidos crece rápidamente una ola de medidas legales y estatales que restringen o prohíben el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas, motivadas por preocupaciones sobre rendimiento académico, distracción en clase y salud mental de los estudiantes.
Según informes recientes, ya 35 estados han adoptado leyes, políticas o directrices que limitan el uso de dispositivos electrónicos personales dentro de los planteles K-12.
Estas acciones estatales varían en grado, Algunos estados prohíben completamente los celulares durante todo el día escolar, otros solo durante las clases y algunos más permiten su uso en recreos, almuerzos o pasillos. Georgia y Florida, por ejemplo, imponen restricciones “de campana a campana” solo desde kínder hasta octavo grado.
En contraste, estados como Virginia han emitido órdenes ejecutivas para que sus escuelas adopten políticas estrictas que impidan el uso de teléfonos durante las clases, aunque contemplan excepciones para emergencias o necesidades médicas.
Un estudio reciente del Pew Research Center muestra que el apoyo de la población adulta hacia estas prohibiciones está aumentando. Un 74% de los adultos aprueban que los estudiantes de secundaria y preparatoria no usen teléfonos celulares durante clases, frente al 68% del año anterior. Además, un 44% de los encuestados respalda prohibiciones durante todo el día escolar.
Las escuelas públicas también están reaccionando con políticas ya implementadas. Según datos del National Center for Education Statistics, el 77% de las escuelas prohíben los celulares dentro de cualquier clase; sin embargo, solo alrededor del 30% impide su uso durante todo el horario escolar incluyendo recreos o entre clases.
Aunque esas cifras muestran avances, su ejecución enfrenta desafíos logísticos y culturales. Algunos alumnos manifiestan frustración por perder acceso a música, redes sociales o formas de comunicación durante momentos libres, mientras que profesores y directores señalan mejoras en la atención, menor distracción y mejor ambiente de aprendizaje.
El debate público también aborda los beneficios y los riesgos. Los promotores de las prohibiciones indican que el uso excesivo de teléfonos está correlacionado con menor concentración, bajo rendimiento académico y problemas emocionales como ansiedad o autoestima deteriorada.
Los críticos advierten que una prohibición total podría dificultar la comunicación en casos de emergencia, discriminar a alumnos que requieren el dispositivo por razones médicas, o ignorar que también hay usos educativos legítimos.
En respuesta, algunas escuelas están implementando soluciones creativas: almacenes de celulares, bolsillos magnéticos que bloquean señal o políticas que especifican claramente cuándo se permite su uso. Aun así, la variabilidad entre estados, distritos escolares y escuelas individuales sugiere que no existe un modelo único, y que las implementaciones tendrán que adecuarse al contexto local.
La tendencia señala que la preocupación no es pasajera. Hay consensos crecientes, tanto en los legisladores como en comunidades educativas y familias, de que reducir la presencia del teléfono en el aula no solo es disciplinario, sino fundamental para restaurar la atención, promover la interacción social real y salvaguardar la salud mental de los jóvenes.
Conforme avance el ciclo escolar 2025-2026, se espera que más estados afinen sus leyes, definan excepciones y supervisen su efectivo cumplimiento.