El Congreso de Estados Unidos ha cuestionado las acciones militares del presidente Donald Trump en el Caribe, donde atacaron cinco embarcaciones que, presuntamente, transportaban drogas hacia el país estadounidense, pese a que no se han brindado pruebas, por lo que hay una sospecha de los legisladores de que estas ofensivas carecen de legalidad.
Ante la situación, la fiscal general Pam Bondi compareció ante el Capitolio este martes, 7 de octubre, para responder a los cuestionamientos de los congresistas. Sin embargo, durante sus intervenciones eludió las preguntas que estaban relacionadas con los combates en contra de supuestos grupos narcotraficantes.
El senador demócrata Chris Coons le preguntó a la fiscal de qué manera su departamento, y la administración de Trump, había concluido que aquellas ofensivas, donde murieron al menos 21 personas, eran legales.
“No voy a comentar ningún consejo legal que mi departamento haya dado o emitido por orden del presidente sobre este asunto”, dijo la fiscal Bondi.
“Lo que sí puedo decir es que Maduro es un narcoterrorista y hay una recompensa histórica de 50 millones de dólares por su captura”, agregó.
CNN reveló, en un informe exclusivo, que el gobierno de Trump preparó un documento secreto en el que enlista grupos narcotraficantes y presuntos combatientes para poder justificar sus ataques. Días antes, el presidente declaró que su país está en “conflicto armado” con los carteles de la droga, a los cuales había señalado de terroristas.
Lo anterior le da facultad a las fuerzas militares estadounidenses de ampliar sus operativos a largo plazo, en lugar de llevar a cabo misiones individuales. Al mismo tiempo, el gobierno desplegó buques de guerra, aviones de combate y submarinos de propulsión nuclear al Caribe, cerca de territorio venezolano.
Se le suma que la administración estadounidense sostiene que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder del Cartel de los Soles, por lo que, además de considerarlo ilegítimo, lo señalan de prófugo de la justicia.
Pese a que el presidente prepara el terreno para ejercer más presión sobre los carteles y sobre Maduro, el Congreso —en gran parte compuesto por demócratas— cuestiona la legalidad de sus acciones.
No fueron las únicas preguntas que Bondi evadió ante los legisladores de su país, quienes también tienen fuertes dudas sobre otras medidas gubernamentales, como la reciente acusación del exdirector del FBI, James Comey, acusado de mentir ante el Comité Judicial del Senado sobre la autorización que recibieron miembros de esa entidad para ser una fuente anónima en informes noticiosos durante una investigación.
También evitó responder preguntas sobre el despliegue de la Guardia Nacional en las principales ciudades, sobre la relación de Trump con el depredador sexual Jeffrey Epstein: y sobre una investigación contra el zar fronterizo, Tom Homan, que cerró rápidamente y donde se estaba indagando que, al parecer, recibió dinero en efectivo de agentes encubiertos del FBI.