La directiva de inmigración de Estados Unidos detuvo a la cineasta brasileña Barbara Gomes Marques May durante una cita para tramitar su Green Card, lo que ha desatado una lucha legal para impedir su deportación.
Durante el encuentro en un edificio federal de Los Ángeles el 16 de septiembre, empleados del Departamento de Inmigración indicaron que necesitaban copiar su pasaporte, pero según su esposo, ese señuelo fue usado para separarla de la presencia de su abogado y arrestarla.
Marques May, de 38 años, nació en Brasil y no tiene antecedentes penales. Llegó al país en 2018 con visa de turista, intentó extenderla y luego permaneció de forma irregular, siendo citada en 2019 a una audiencia de inmigración que no llegó a recibir porque había cambiado de domicilio.
Al casarse en 2025 con un ciudadano estadounidense, inició el trámite para regularizar su estatus migratorio, con la expectativa de obtener la residencia permanente.
Cuando el funcionario le solicitó seguirlo para fotocopiar su pasaporte, Barbara accedió, mientras su esposo y abogado permanecieron en la sala. Acto seguido fue detenida por agentes del ICE, esposada y trasladada primero al centro de detención de Adelanto (California), luego a instalaciones en Arizona, y se planeaba enviarla a Luisiana.
Durante su traslado vivió condiciones adversas, más de 12 horas sin comida ni agua, acceso limitado a higiene básica y falta de atención médica para una condición crónica de espalda, según declaraciones difundidas por su esposo y su defensa.
El abogado Marcelo Gondim solicitó la reapertura del caso de deportación y una orden judicial de detención provisional, lo cual logró demorar la expulsión al menos temporalmente.
El argumento central es que la orden de deportación del 2019 nunca debió activarse, ya que ella no recibió notificación válida, y que su matrimonio le brinda un camino legal hacia la residencia permanente.
La pareja inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, alcanzando decenas de miles de dólares en apoyo público, y recibió posicionamientos de legisladores locales como la congresista Judy Chu, quien exige que ICE respete los derechos legales del caso.
Representantes de derechos civiles advierten que este episodio no es aislado, sino que ejemplifica una política que apunta a personas sin condenas, atrapadas por trámites técnicos o fallas en notificaciones.
Organizaciones de la comunidad brasileña en Estados Unidos reportan un aumento en detenciones recientes. En Massachusetts, por ejemplo, los arrestos de inmigrantes brasileños se han multiplicado durante operaciones migratorias masivas. Esta tendencia despierta temor en quienes ya están presentes legal o indocumentadamente, pues perciben que incluso trámites ordinarios pueden terminar en separación familiar.
Mientras el proceso judicial sigue abierto, Marques May permanece bajo custodia fuera de California, pero su defensa confía en que un juez federal finalmente desestime la orden de deportación. Su caso sigue siendo vigilado como un símbolo de posibles excesos en la aplicación de la ley migratoria.