Un creciente temor recorre entre los trabajadores de Nueva York cercanos a la jubilación ante la posibilidad de que el Congreso opte por elevar la edad de retiro obligatorio.
Muchos ven esta medida como una traición a promesas de planificación que realizaron durante décadas, pues lograr vender una vida laboral prolongada con el argumento de estabilidad financiera difícilmente mitiga la ansiedad que sienten quienes ya vislumbran su retiro.
Esta alarma no surge sin fundamento. En los últimos meses, el comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA) ha reconocido que elevar la edad de jubilación es una opción sobre la mesa para apuntalar las finanzas del sistema de seguridad social.
De hecho, el plan oficial contempla aumentar gradualmente la edad normal de jubilación para quienes cumplan 62 años entre 2026 y 2037, de modo que lleguen a retirarse legalmente a los 69 años. Según la SSA, tomar los beneficios antes de la edad de retiro completa implicará reducciones sustanciales en el monto de la pensión mensual.
Para quienes hoy rondan los 60 años, ese pronóstico representa una fuerte sacudida. Muchos temen que el tiempo invertido, los aportes realizados y la salud mermada no les alcancen para resistir laboralmente unos pocos años extra.
“Yo empecé con la ilusión de descansar a los 65; ahora me obligarían a llegar a los 70”, comenta un trabajador municipal en Manhattan, que pide anonimato para evitar represalias. La sensación de inseguridad financiera se acumula en cafeterías, estaciones de metro y reuniones vecinales.
Los cuestionamientos se amplían más allá de lo social. Expertos en debate público sostienen que la prolongación de la edad de retiro puede caer en desigualdades. Quienes han desempeñado trabajos físicamente extenuantes o padecen enfermedades crónicas serían los más perjudicados si se obligara a extender su vida laboral. Además, elevar la edad puede socavar el propósito original del Seguro Social, la cual es proteger a quienes tienen menos capacidad para seguir trabajando.
Por supuesto, quienes defienden la medida argumentan que la longevidad promedio ha aumentado y que muchos trabajadores permanecen activos más tiempo, de modo que el sistema debe adaptarse a estos cambios demográficos.
También sostiene la SSA que subir la edad de retiro resultaría más viable que recortar beneficios para miles de personas. Pero esa lógica choca con las expectativas y realidades cotidianas que ya se viven. Pues personas con labores pesadas que no pueden prolongar su resistencia física ocho o diez años más.
Por otra parte, algunos legisladores en Nueva York han planteado incentivos temporales de retiro anticipado para ciertos grupos, como los docentes estatales, con esquemas 55/25 (edad 55 más 25 años de servicio), lo que muestra una tensión política real entre permitir salidas anticipadas y empujar una reforma generalizada.
Con los fondos del Seguro Social proyectados a agotarse en la próxima década si no se toman medidas sustanciales, el debate se torna urgente. Pero mientras la discusión legislativa sigue, para muchos trabajadores la propuesta de estirar su vida laboral es un golpe a sueños, expectativas y confianza.
El verdadero reto será equilibrar medidas que refuercen el sistema sin quebrar la promesa de una jubilación digna para quienes ahora la esperan con ansias.