La fuerte política de inmigración impuesta por el republicano Donald Trump durante su segundo mandato ha tenido impacto en varios sectores inmigrantes. Sin embargo, cientos de personas adoptadas por estadounidenses están en un limbo jurídico.
Hombres y mujeres que fueron adoptados hace décadas por familias estadounidenses, pero no hicieron el debido trámite de ciudadanía, ahora tienen que protegerse de ICE, ya que calificarían como indocumentados, lo que produciría la deportación bajo las leyes vigentes.
Esto ha causado temor entre estas personas, y han aumentado las solicitudes de asesoría legal a organizaciones de abogados especializados en migración.
Los casos van en aumento
Greg Luce, abogado del Centro Legal para los Derechos de los Adoptados, aseguró para Diario NY que desde la vuelta de Trump al poder, han recibido más de 275 solicitudes de asesoría jurídica.
“Tras conocerse los resultados electorales, las solicitudes de ayuda se dispararon”, afirma Luce.
Si bien los obstáculos para nacionalizar formalmente a sus hijos han estado presentes durante décadas, en la actual administración corren el riesgo de ser expulsados sin mayor mediación por parte del DHS.
El drama humanitario se agrava, ya que estos adoptados hicieron toda su vida en EE. UU., por lo que una deportación a su país de origen los dejaría expuestos en un territorio del que son casi totalmente ajenos.
Incluso, el DHS ha estado dando plazos, basados en la reglamentación, pero que ponen contra las cuerdas a los familiares y, por supuesto, también a los afectados directos, que ven cómo los persigue un país al que no eligieron ir en su niñez.
¿Hay alternativas para las personas adoptadas sin ciudadanía estadounidense?
Emily Howe, abogada de derechos civiles, sostiene que “debería ser una solución sencilla: los niños adoptados deberían tener los mismos derechos que sus hermanos biológicos cuyos padres eran ciudadanos estadounidenses al momento de su nacimiento”.
“Estamos hablando de bebés y niños pequeños que fueron enviados al extranjero sin culpa alguna y admitidos legalmente bajo la política estadounidense”, enfatizó la jurista.
También hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas tienen entre 40 y 60 años, con una vida totalmente estadounidense y admitidos bajo leyes estadounidenses.
Así bien, estos ciudadanos solo piden que se les escuche su caso sin mayor consecuencia que cause afectación en su estatus migratorio.