La Dirección de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación es la dependencia encargada de vigilar, auditar y hacer seguimiento a las actuaciones de la entidad. Adscrita al despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo, su función es verificar el cumplimiento normativo y advertir posibles riesgos dentro de los procedimientos.
Lo que debería ser una oficina que defiende la legalidad y la ética hoy está siendo fuertemente cuestionada. SEMANA conoció que su directora, Eddy Lucía Rojas Betancourth, ha sido denunciada por sus subalternos por presunto maltrato laboral, intimidación y abuso de autoridad, hechos que ya son materia de investigación en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
La primera queja por acoso laboral, enviada directamente a la fiscal, data de diciembre de 2024 y se hizo de forma anónima con el fin de evitar posibles represalias. Eso ocurrió tres meses después del nombramiento de Rojas en el cargo, lo que revela que las posibles conductas de acoso vendrían sucediendo desde su llegada.
“Ha mostrado conductas que han afectado la confianza y el rendimiento del personal a su cargo, impactando de manera desafortunada en la salud mental y física de varias personas”, se lee en el documento que conoció este medio.
Allí narran que asigna actividades repetitivas y con poca relevancia, y califican el liderazgo de Rojas como “autócrata, inflexible, impositivo, soberbio, caprichoso y displicente, generando un ambiente laboral incómodo y hostil”.
Y narran varios eventos en los que la directora de Control Interno habría maltratado a sus subalternos. Por ejemplo, se habla de una trabajadora que desempeñaba el rol de arquitecta de la transformación que sufrió un “colapso nervioso” a raíz de “la presión y la persecución desmedida ejercida por la directora, lo que resultó en intervención de psicología por parte del Departamento de Bienestar, incapacidad médica, hospitalización con orden para internarse en una clínica de reposo, tratamiento de la ARL con imposición de medidas para la directora”.
Según la denuncia, el mismo día del colapso le exigió avances en trabajos pendientes porque en días siguientes debía ausentarse por incapacidad: “Sin importarle la situación e increpándola”.
La constante, según ellos, eran las amenazas con el despido, traslados o separarlos de sus funciones. “Nadie es imprescindible en esta oficina. (...) El que se vaya, esto sigue. (...) No sé qué hacer con usted”, fueron algunas de las expresiones usadas por Rojas, de acuerdo con la denuncia. Luego, a nombre propio, una funcionaria radicó una queja, con copia a la fiscal general, por acoso laboral de Rojas Betancourth.
De acuerdo con su subalterna, la directora de Control Interno “todos los días despliega constante y sistemático maltrato reflejado en la asignación excesiva de cargas laborales”.
Los llamados de atención y las intimidaciones, según la funcionaria, ocurrían “de forma verbal y a puerta cerrada para no dejar trazabilidad”. En el escrito, en el que dice que le habla de forma “despectiva” y la “manda a callar”, afirma que fue ella quien sufrió el colapso nervioso.
“Toda esa violencia y conductas de acoso laboral reiteradas han mermado mi salud física y mental. (...) No duermo bien, no puedo descansar bien y no puedo sacarme de la mente los problemas de la oficina”, indicó. Igualmente, expresó su temor a las represalias.
SEMANA se comunicó con la denunciante, que se vio obligada a salir de su cargo por el maltrato: “Trabajé más de 20 años en la entidad. Aceleré mi proceso de pensión y decidí irme por el acoso. Fui su asistente. Fue insostenible”.
Luego, el 31 de marzo de 2025 enviaron un nuevo anónimo a la fiscal general en el que reiteran la primera denuncia, aportando hechos nuevos e incluso una trabajadora “al borde del suicidio”.
La funcionaria, que llevaba ocho años en la Fiscalía, habría pedido que la cambiaran de cargo por el acoso: “Imploró a la directora, mediante correo electrónico de finales de febrero de 2025, ser reubicada en otra dependencia porque se encontraba al borde del suicidio, evento que fue atendido de forma prioritaria por la Dirección Ejecutiva”.
Esto no obedeció a un tema personal, según amplía la denuncia, sino al “continuo y permanente maltrato y presión psicológica a la que fue sometida por la directora, pese a contar con medidas preventivas impuestas por la ARL”.
Este medio intentó comunicarse con la funcionaria en cuestión, quien ya no trabaja en la Fiscalía a raíz del episodio, pero ella desistió por su proceso de recuperación en salud mental. El documento incluso habla de un “silencio cómplice” de los altos mandos de la Fiscalía.
Meses después, otro trabajador, a nombre propio, radicó una queja contra Rojas en la que expone que se sometió a una cirugía de corazón abierto. Pese a restricciones por su condición de salud, aseguró haber sido amenazado con ser retirado de su cargo.
Incluso, luego de la conducta contra él, dijo que intentó separarlo de una auditoría interna sobre lineamientos para prevención, atención y sanción del acoso laboral: “En una reunión me manifestó que yo no tenía habilidades de liderazgo para manejar el grupo auditor asignado, lo cual también es un claro ejemplo del maltrato que la directora ejerce sobre mí”.
Además, con certificado de incapacidad, informó que sufrió una recaída por el trato: “Fue esto lo que me produjo un episodio de ansiedad y una subida de tensión arterial que me incapacitó por tres días, del 14 al 16 de mayo de 2025, con diagnóstico R074 y hospitalización”.
En diciembre de 2025 se unieron los más grandes sindicatos de la Fiscalía General de la Nación para pedir acciones frente a lo ocurrido en la Dirección de Control Interno.
“Pese a las manifestaciones verbales, quejas y alertas elevadas por los servidores afectados y los sindicatos, las autoridades superiores no han adoptado medidas efectivas, lo que agrava la situación y envía un mensaje equivocado de tolerancia frente al abuso de autoridad”, manifestaron en un comunicado público.
Finalmente, el pasado 31 de marzo otra vez se radicó una denuncia anónima en la que reiteran quejas anteriores y hasta una nueva con referencia a una funcionaria que pidió permiso para trabajar en otra ciudad a fin de acceder a un tratamiento por una enfermedad grave.
“Se vio obligada a renunciar porque la señora Rojas le negó los permisos para adelantar su tratamiento, violando flagrantemente sus derechos fundamentales y sin que nadie hiciera nada por ella”, manifestaron en la última denuncia.
La acusa de recurrir a “artimañas y transacciones fraudulentas para favorecer intereses personales y de terceros. Es inaceptable que quien debe liderar con el ejemplo y ceñirse a los códigos de ética profesional y del auditor utilice su poder de forma indebida”.
Hasta el momento, Rojas Betancourth no habría cambiado las conductas denunciadas por sus subalternos, quienes, en conversación con SEMANA, dicen que la fiscal, hasta el momento, no ha tomado acciones frente a la situación interna.
SEMANA intentó comunicarse con Eddy Lucía Rojas, pero al recibir una llamada de este medio cortó la comunicación, sin responder a las preguntas sobre las denuncias en su contra.
La Fiscalía General de la Nación le confirmó a este medio que sí han recibido las denuncias y que han sido atendidas “en el marco de la confidencialidad que caracteriza este tipo de procesos y siguiendo los parámetros de ley”.
“Se han implementado acciones de prevención de riesgo psicosocial en la Dirección de Control Interno, (...) y se han surtido las comunicaciones correspondientes a la Comisión de Disciplina Judicial para lo de su competencia”, informó el ente acusador.