El presidente Gustavo Petro sigue cuestionando el proceso electoral en Colombia de cara a la primera vuelta presidencial, el próximo 31 de mayo de 2026, para elegir a su sucesor.
SEMANA conoció que, mediante un derecho de petición radicado ante la Fiscalía General de la Nación, el jefe de Estado se refirió a elecciones del año 2018, en las que se eligió a los miembros del Congreso de la República.
“Una sentencia del Consejo de Estado que ordena investigaciones penales por sabotaje al sistema electoral, y cuyo resultado permanece desconocido por la ciudadanía en vísperas de unas elecciones presidenciales, no es un asunto ajeno a las responsabilidades constitucionales del primer mandatario: es el corazón de ellas”, dice inicialmente el documento.
Petro aclaró que en el texto se menciona como ciudadano y no como presidente, por lo que habló de las presuntas irregularidades que se cometieron durante esas elecciones.
“El software de escrutinios utilizado en las elecciones al Senado del 9 de marzo de 2014 fue objeto de sabotaje, que produjo alteraciones en 4.150 registros correspondientes a 2.012 mesas de votación, con diferencias injustificadas entre los formularios E-14 (diligenciados por los jurados) y los E-24 (generados por el sistema digital)”, se lee en el escrito.
El presidente dijo que los hechos establecidos por el Consejo de Estado en 2018 configuraban distintas conductas de carácter penal, cuya investigación correspondía a la Fiscalía General.
“La Fiscalía General de la Nación tiene el deber constitucional de investigar de oficio los hechos que revistan características de delito cuando lleguen a su conocimiento por cualquier medio idóneo. Una compulsa de copias de una sentencia del Consejo de Estado que acredita con valor de cosa juzgada las alteraciones descritas es, sin lugar a dudas, el medio idóneo por excelencia para activar ese deber investigativo”, afirmó en el texto.
Petro argumenta que este patrón podría amenazar las elecciones presidenciales de 2026 y que en las elecciones al Congreso del 8 de marzo pasado también se registraron supuestas irregularidades.
“Este patrón, discrepancia entre el registro digital del software y el registro físico de los jurados, con exclusión de votos reales del cómputo oficial, es idéntico estructuralmente al que el Consejo de Estado declaró probado para 2014. Si la investigación ordenada en 2018 hubiera determinado las causas técnicas de ese patrón, quiénes lo produjeron, si fue accidental o deliberado, y si el sistema fue corregido estructuralmente, Colombia contaría hoy con evidencia forense que permitiría establecer si el mismo patrón que recurrió en 2022 y 2026 tiene el mismo origen. La ausencia de esa información es una laguna de primer orden en la seguridad del sistema electoral”, se detalla.
Además, agregó: “Las elecciones presidenciales están convocadas para el 31 de mayo de 2026. Ese proceso electoral comprometerá los votos de 41.287.084 ciudadanos colombianos habilitados para sufragar. El mismo software privado que el Consejo de Estado declaró manipulable en 2014 y que la propia Fiscalía no pudo auditar en 2017 por ausencia de las condiciones técnicas mínimas, procesa el ciclo electoral en curso”.
En uno de sus últimos argumentos, el presidente le lanzó fuertes cuestionamientos a la Fiscalía a cargo de Luz Adriana Camargo Garzón, donde hizo preguntas sobre investigaciones a los procesos electorales de 2018, 2019, 2022 y 2026, las cuales pide que sean respondidas dentro del término de 15 días hábiles.
“El presente derecho de petición es presentado con la convicción de que la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de su función constitucional de persecución del delito y de garante de los derechos de las víctimas, responderá con la seriedad y la transparencia que el momento histórico exige. Las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 son inminentes. La ciudadanía colombiana tiene derecho a saber si el Estado investigó las alteraciones a su sistema de cómputo electoral y cuál fue el resultado de esas investigaciones”, puntualizó Petro.