En la tarde de este jueves 16 de julio, la Fiscalía General de la Nación inició la formulación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país, en el marco del caso Lili Pink.
Tras varias pesquisas, el ente investigador vinculó a este caso a Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
De acuerdo con la presunta participación individual de cada uno en este entramado, la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, indicó que se crearon varias “empresas de papel” en Panamá y Nicaragua con el fin de dar apariencia de legalidad a la importación de textiles.
Uno de los casos más llamativos está relacionado con la sociedad Pink Life S.A.S., constituida el 26 de octubre de 2015. En los documentos figura que el “socio fundador” era Jonnatan Villamil Soler. Sin embargo, según varios documentos, esta persona se desempeñaba como “conductor” en la empresa matriz.
“Realmente ostenta el cargo de conductor al interior de la empresa, como único socio con un capital suscrito y pagado de 10 millones de pesos”, enfatizó la fiscal.
Poco después se realizaron otros nombramientos en los cargos de representante legal y suplente de personas que, según la Fiscalía, desempeñaban “cargos menores” en la empresa.
Durante la primera hora de la audiencia de imputación de cargos se señaló que en varios documentos aparecen mencionadas las mismas personas, quienes en algunos casos pertenecían a un mismo núcleo familiar y desempeñaban diferentes cargos.
Según la Fiscalía, esta situación buscaba, como parte del modus operandi, dar apariencia de legalidad a las acciones puestas en marcha por lo que calificó como una “empresa criminal”.
Para la delegada del ente investigador, estas empresas, creadas en tiempo récord y con un bajo presupuesto, falsificaron documentos de importación y exportación de ropa interior femenina y accesorios.
Con el fin de evitar llamar la atención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se realizaban cambios de dirección de las supuestas sedes de las empresas, así como cesiones de acciones, modificaciones en las juntas directivas y aumentos en la inyección de capital.
Con este esquema se habría concretado el contrabando de mercancías por 783 mil millones de pesos, lo que, según la Fiscalía, constituye un presunto caso de lavado de activos.