En el curso de la investigación que adelanta la Fiscalía por el millonario escándalo de contrabando y lavado de activos conocido como Lili Pink, los fiscales a cargo del proceso advirtieron la necesidad de imputar cargos a los directivos de las empresas involucradas.
Para el ente acusador existen elementos materiales probatorios y evidencias suficientes para inferir la posible responsabilidad de los implicados en los delitos investigados, los cuales serán objeto de imputación ante jueces de control de garantías.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país”, señaló la Fiscalía.
El ente acusador aseguró, cuando se conocieron los primeros detalles de la investigación, que se trataba de una operación de lavado de activos y contrabando superior a los 400.000 millones de pesos. En ese momento, una persona fue capturada; se trata de un abogado que aparecía como representante en el encabezado de algunas empresas.
“Los indiciados son: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. De acuerdo con su posible participación individual, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, advirtió la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, a través de varias empresas se habría intentado dar apariencia de legalidad a una serie de movimientos financieros que pasaban por cuentas en Colombia y en el exterior. A través de estas sociedades en Colombia se habría buscado lavar las operaciones de contrabando.
La diligencia, según explicó la Fiscalía, fue programada para el próximo 24 de junio ante los jueces de control de garantías de Bogotá. Se espera que los implicados asistan o, en su defecto, el ente acusador solicitará la declaratoria de contumacia para procesarlos como personas ausentes y lograr una eventual condena en su contra aun sin su presencia.