Este martes 21 de julio, la Fiscalía General le solicitó a la jueza 40 de Control de Garantías enviar a la cárcel a ocho personas que habrían tenido una participación directa y constante en el entramado de contrabando y lavado de activos de la empresa Lili Pink.
Revelan cómo un conductor y una operaria de maquinaria crearon las “empresas socias” de Lili Pink. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8ORiwS8rLL
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026
Por considerar que representan un peligro para la sociedad y que pueden afectar el desarrollo del proceso penal mediante la fuga, la fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, manifestó la necesidad de imponer la medida más drástica prevista en el Código Penal colombiano.
En esta segunda etapa de la investigación por el entramado de contrabando que llevó, en abril pasado, a la intervención de los locales comerciales de esta reconocida marca de ropa interior femenina y accesorios, la Fiscalía vinculó al empresario Max Marvin Abadi, a su hijo David Max Abadi Homsani y al empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández.
Además, fueron vinculados los ciudadanos colombianos Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
En la solicitud de medida de aseguramiento, cuya sustentación se extenderá por cuatro horas, la fiscal del caso señaló que estas personas crearon “empresas fachadas” y “de papel” con domicilios en Panamá, Nicaragua y Barranquilla, con el fin de realizar importaciones ficticias de textiles, ropa y accesorios.
Para lograr “sus fines criminales”, se utilizaron los nombres de personas que ocupaban distintos cargos en la empresa matriz de Lili Pink.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Jonnatan Villamil Soler, quien desempeñó funciones como conductor, asistente y operario en la compañía.
Pese a ello, apareció como “socio” y “único” accionista de la sociedad Pink Life S. A. S., constituida el 26 de octubre de 2015. De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio, esta empresa fue creada con un capital de 10 millones de pesos.
Según la Fiscalía, esta situación hacía parte del modus operandi con el que se buscaba dar apariencia de legalidad a las acciones de lo que calificó como una “empresa criminal”, que habría utilizado distintos mecanismos para legitimar las operaciones de importación y exportación de mercancías.
Con este esquema se habría concretado el contrabando de mercancías por 783.000 millones de pesos, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, constituye un presunto caso de lavado de activos.
Al inicio de la audiencia, los ocho procesados no se allanaron a los cargos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito imputados por la Fiscalía General el pasado jueves 16 de julio.