Durante la extensa imputación de cargos en contra de ocho personas que habrían participado en el “entramado criminal” dirigido a realizar actividades de contrabando y lavado de activos mediante la empresa Lili Pink, la Fiscalía General presentó varias situaciones insólitas.
Ocho personas, que fueron vinculadas en la segunda etapa de la investigación por este escándalo que se destapó en abril pasado, habrían conformado una “empresa criminal” dirigida a darle apariencia de legalidad a operaciones de importación y exportación de ropa interior femenina y accesorios.
Por esto, llama la atención que una de las empresas mencionadas en estas operaciones comerciales, en realidad, tenía una razón social muy diferente a la de Lili Pink.
“Se hará mención también a la empresa denominada Unique International S.A.S., que pese a no tener el mismo objeto social dedicado a la comercialización de prendas de vestir, juguetería, entre otros, sino a la fabricación de preservativos masculinos, sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”, señaló la fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales.
Curiosamente, dicha empresa tenía el mismo domicilio que una de las sociedades que se encargaba –en el papel- de realizar las operaciones mercantiles.
“Compartiendo además la misma dirección, empresa a la cual la dirección de impuestos y aduanas nacionales le realizó una prevención de mercancía después de haberse encontrado mercancía a nombre de la sociedad (…) sin que se hubiera podido establecer el vínculo comercial entre éstas, lo que demuestra que hace parte de las empresas que son utilizadas por parte de esta organización”, añadió la delegada el ente investigador.
Por esto, citando los documentos de la Dirección de Impuestos Nacionales (Dian) y los informes técnicos de investigadores, se intentó crear una narrativa de exportaciones millonarias de ropa comercial desde China, Panamá y Nicaragua.
Los documentos resaltan que las supuestas empresas no contaban con la capacidad financiera ni operacional para realizar este tipo de actividades.
“En consecuencia, los miembros de esta organización se concertaron para la comisión de delitos de contrabando para introducir mercancía extranjera con apariencia de legalidad y simulando el control habanero, lavar activos provenientes de esos capitales ilícitos por más de una década, logrando así enriquecerse ilícitamente en favor de varios miembros de la organización. Los comportamientos societarios comerciales y el producto de la venta de la mercancía que ingresó a territorio habanero nacional con apariencia de legalidad configuran el delito de lavado de activos”, enfatizó la fiscal.
En esta segunda etapa de investigación, la Fiscalía Generalvinculó a Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
En las próximas horas, la Fiscalía General le pedirá a una jueza de control de garantías que cobije con una medida restrictiva de la libertad a los procesados.