Lo que está ocurriendo en zona rural de Jamundí podría cambiar el panorama criminal de Colombia y la forma como las Fuerzas Militares están enfrentando grupos terroristas. Las disidencias de las Farc al servicio de Iván Mordisco poseen armamento de alto calibre con capacidad para derribar aeronaves comerciales y castrenses.
SEMANA tiene en su poder información validada con grupos de inteligencia militar que da cuenta de que la sanguinaria estructura Jaime Martínez, protagonista de atentados terroristas con decenas de muertos en Cali, Jamundí y parte del Cauca, tiene un arsenal equipado con lanzamisiles de mano con capacidad para impactar objetivos en largas distancias.
Un video conocido por este medio muestra a uno de los integrantes de la Jaime Martínez portando un lanzamisiles de mano en zona rural de Jamundí. Camina con él, como si estuviera familiarizado y con meses de experiencia; luego, en otro fragmento de la pieza audiovisual, se ve cómo disparan ese armamento en las montañas del sur del Valle del Cauca.
El proyectil disparado, de gran poder destructivo, alcanza una distancia considerable hacia el cielo de Jamundí, lo que deja en evidencia que una aeronave con un vuelo a mediana altura podría ser impactada por este temible arsenal bélico.
SEMANA también conoció que el del video no es el único lanzamisiles de mano que tienen las disidencias de las Farc en esta zona del país. Dicho armamento también estaría en poder de otras estructuras del Estado Mayor, como el frente Dagoberto Ramos, en el norte del Cauca; el frente Carlos Patiño, que posee el control criminal en el centro y sur de ese departamento, especialmente en Argelia y el corregimiento El Plateado, uno de los epicentros terroristas de Iván Mordisco; y el frente Franco Benavides, que mantiene operación en la subregión de La Cordillera (Samaniego y Policarpa), en el noroeste de Nariño.
Según lo consultado por este medio, todo pasa por las montañas de Jamundí, donde las disidencias de las Farc han edificado una especie de república independiente, con hoteles para hospedar a los niños reclutados a la fuerza. Además, una extensa finca en la zona rural alta, donde mantienen a decenas de secuestrados –dicho lugar es conocido como el ‘resort’ de los plagiados–, y hasta un centro de entrenamiento en la subregión del Naya, que hace las veces de una ‘universidad’ del crimen, con pedagogía en manejo de drones y explosivos.
En Jamundí, las disidencias manejan todo a su antojo: tienen a la población urbana carnetizada e instrumentalizada para enfrentarse al Ejército en las mal llamadas asonadas. Y ahora también pretenden iniciar una expropiación a gran escala de terrenos fértiles, como la Hacienda La Novillera, desde hace un mes bajo ataque de presuntas organizaciones sociales que obligan a la comunidad a tomarse por la fuerza ese predio de 1.500 hectáreas.
Desde allí han coordinado ataques terroristas contra Cali, la tercera ciudad más importante del país, como el presentado en agosto pasado contra las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial, que dejó como saldo siete muertos y 79 heridos. Pero ahora el negocio criminal de las disidencias no está en los explosivos estáticos con camiones o vehículos cargados con pentolita, sino en estrategias modernas como la utilización de drones bomba sobre la fuerza pública y la población civil. En Colombia se han registrado alrededor de 500 ataques con estos artefactos en los últimos dos años, siendo el suroccidente, especialmente Cauca y Valle del Cauca, la región donde más se presentan, según un informe de inteligencia militar.
En esas acciones han lanzado cerca de 935 granadas contra instalaciones de la fuerza pública y, en varios casos, también contra zonas donde habita la población civil. La cifra revela una escalada que ya no distingue objetivos y convirtió estos dispositivos en una de las herramientas más peligrosas de la guerra actual.
El informe advierte, además, que la frecuencia de estos ataques es alarmante. En promedio, se registra uno cada día y cuatro horas en diferentes zonas del país. El saldo humano también refleja la gravedad de la situación: más de 328 personas afectadas entre muertos y heridos, incluyendo civiles, policías y militares, que han quedado atrapados en medio de esta nueva modalidad de violencia.
Lo peor está por venir
SEMANA también conoció que la mayor preocupación para las Fuerzas Militares no son los lanzamisiles de mano, sino algo mucho más grande y con mayor capacidad de destrucción. Las disidencias del frente Jaime Martínez lograron acondicionar un tractocamión (le quitaron la parte trasera) para instalar un lanzacohetes de gran escala.
La imagen del arma secreta ya está en poder de la inteligencia nacional e internacional, que ve con preocupación la utilización de este lanzacohetes, cuya materia prima la componen explosivos artesanales con capacidad para ocasionar gran daño a una distancia considerable.
“Esa arma todavía no la han utilizado. En los últimos días la han estado ensayando en corregimientos como Ampudia, Villa Colombia y otros de la zona rural alta de Jamundí”, le contó a SEMANA una fuente que conoce de cerca lo que está pasando en ese municipio del sur del Valle. Agrega que, por cuenta de los ensayos de la nueva arma secreta de las disidencias, se escuchan constantemente explosiones controladas que tienen atemorizada a la población civil. “No son explosiones que suenen como cuando estalla un camión lleno de explosivos, son diferentes”.
Para construir el andamiaje de este poderoso artefacto lanzacohetes, las disidencias han empleado un plan que va desde el asesoramiento de ingenieros secuestrados hasta el robo continuo de vehículos de carga, tipo niñeras, con camionetas de alta gama para entrenar.
Todo esto ocurre a tan solo 25 minutos del Cantón Militar Pichincha, ubicado en el sur de Cali, lo que deja mal parada la operación del Ejército en esta región del país. Allí parece que las disidencias de Iván Mordisco descubrieron su punto más fuerte para atacar a la población civil y a jóvenes soldados.
Con estas revelaciones, la guerra contra las disidencias abre un nuevo capítulo que podría ser uno de los más sangrientos de la historia más reciente de Colombia.