El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, aclaró los primeros hallazgos de una “presunta incidencia fiscal” que habrían dejado los viajes en aeronaves de la Policía de la polémica Juliana Guerrero, cuando trabajaba como secretaria del ministro del Interior, Armando Benedetti.
“Inicialmente, el equipo auditor lo que realiza es que detecta una falencia, la cual califica como un hallazgo, con una presunta incidencia desde el punto de vista fiscal”, explicó el contralor Rodríguez.
Su explicación se conoció después de que se hizo público el informe de la Contraloría que evidencia un presunto uso irregular de los helicópteros de la Policía en los viajes de Juliana Guerrero. Uno de esos, el que realizó Bogotá - Valledupar - Aguachica, para participar en una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Cesar.
Sobre ese viaje, la Contraloría detalló: “Actividad ajena a la misionalidad del Ministerio del Interior, contraviniendo lo establecido en el objeto del convenio, que circunscribe expresamente los desplazamientos ‘a las actividades misionales y funciones propias del cargo’”.
El contralor Rodríguez también aclaró que esos primeros hallazgos dejarían en evidencia que se “obró por fuera de lo previsto” en el uso de un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para hacer uso de esas aeronaves.
“Quiero llamar la atención a todas las entidades frente a que, cuando se suscriban convenios, deben ser dentro del marco de las facultades propias de lo que eventualmente se haya concebido para el desarrollo de la función”, explicó el contralor general.
La Contraloría reveló que esos primeros hallazgos se detectaron sobre el vuelo que, el 19 de junio de este año, solicitó el Ministerio del Interior a la Policía, para disponer de una aeronave que trasladara al ministro Benedetti para participar en una reunión con la comunidad de Valledupar. El vuelo salía de Bogotá.
El informe detalla que en la orden de vuelo quedó establecido: “Con fecha de creación el 19 de junio de 2025, para la aeronave ATR-42, matrícula PNC-0242, con itinerario Bogotá – Valledupar, trasladando a los pasajeros Juliana A. Guerrero Jiménez, Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez Belmonte”.
Un día después, el supervisor del convenio le solicitó a la Policía la disponibilidad de una aeronave para el desplazamiento Valledupar - Aguachica - Valledupar con el objetivo de otra reunión con la comunidad, la cual tuvo orden de vuelo, según la Contraloría.
Sin embargo, el ente de control detectó que ese día Juliana Guerrero asistió a la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Cesar, lo que dejó en evidencia que los vuelos no tuvieron relación con el objeto del convenio. El presunto hallazgo fiscal superaría los 200 millones de pesos.