En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, ante el auge de la minería ilegal y el provecho que le sacan los grupos armados ilegales a esta actividad, propuso un monopolio estatal de compra de oro en regiones productoras, a cargo del Ministerio de Minas y Energía.
La vía planteada por Petro fue la compra de las empresas de oro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), administradas por el Estado en medio de procesos de extinción de dominio.
Una de las empresas más grandes y poderosas bajo control de la SAE para este fin fue Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), que tiene operaciones anuales de cientos de millones de dólares, principalmente en torno a la exportación de oro.
La empresa pasó en enero de 2026 al Ministerio de Minas y Energía con serias dificultades financieras y dudas frente a la trazabilidad del oro comprado a pequeños productores, según lo que se ha conocido públicamente.
Ahora esa operación quedó en el ojo del huracán por una explosiva denuncia que pide investigar una supuesta red de corrupción. En el documento se menciona, como presuntos implicados, al ministro Edwin Palma, a altos funcionarios de la SAE y a empresarios del sector.
SEMANA obtuvo alertas, facturas electrónicas, contratos y comunicaciones internas que generan interrogantes sobre la operación de la empresa. Los documentos apuntan a posibles vacíos en la trazabilidad de los recursos y el uso de efectivo en territorio.
A la Fiscalía General de la Nación, con copia al Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes, llegó una denuncia interpuesta por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la SAE para el manejo de semovientes.
Expresando riesgos de seguridad, Díaz aseguró haberle hecho llegar esta información al presidente Gustavo Petro a través de una persona, manifestando que el mandatario “ya tenía alguna información previa o contexto relacionado con estos hechos”. Incluso, Díaz afirma que se comunicó directamente con Amelia Pérez, presidenta de la SAE, al respecto, sin haber sido atendido.
“He recibido información proveniente de distintas fuentes según la cual existiría una estructura organizada dedicada a la compra, legalización, comercialización y exportación de oro de presunto origen ilícito o, cuando menos, de origen no suficientemente trazable, particularmente asociado a organizaciones criminales que operarían en distintas regiones del país”, manifestó el denunciante en el documento entregado a la Fiscalía.
De acuerdo con Díaz, la estructura estaría integrada, al parecer, por “personas naturales, cooperativas, comercializadoras de oro e intermediarios”, con el supuesto fin de otorgar “apariencia de legalidad” a minerales sin trazabilidad.
Se menciona a Meprecol y a CYJ Gutiérrez, dos de las comercializadoras que pasaron al Ministerio de Minas, y a dos cooperativas que trabajan de la mano de ellas, aún bajo control de la SAE: Serintegroup y Coonekta.
“Se ha informado que parte del mineral presuntamente sería adquirido a precios inferiores al valor de mercado, proveniente de explotaciones sin adecuada trazabilidad o eventualmente vinculadas a estructuras criminales, para posteriormente ser incorporado a circuitos formales mediante cooperativas, comercializadoras, facturación, registros mineros, soportes documentales y operaciones de exportación que facilitarían su legalización documental y comercial”, dijo el contratista de la SAE.
Además del ministro Palma, la denuncia que llegó a la Fiscalía también menciona, como posibles implicados, a María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de Seguimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM); a Amelia Pérez, presidenta de la SAE, y a Mery Janneth Gutiérrez, asesora de su despacho, entre otros.
El denunciante se refiere a la existencia de “conversaciones, chats, audios, mensajes de voz y documentos en los cuales se haría referencia a presuntas exigencias económicas, pagos indebidos, acuerdos de intermediación, protección de operaciones, continuidad de determinadas actividades comerciales y mineras, y expresiones asociadas a mantener o reactivar negocios de oro”.
Asimismo, se habla de cerca de 5.000 millones de pesos “destinados presuntamente a garantizar autorizaciones, continuidad operativa, respaldo institucional, intermediación, protección de determinadas actividades económicas o favorecimiento”.
El contratista, a lo largo de la denuncia, resalta que teme por su vida por riesgos derivados de la información que tiene en su poder.
“He recibido llamadas o comunicaciones orientadas a presionarme, intimidarme, conocer el alcance de la información que tengo, saber con quién he hablado, qué documentos poseo, qué pretendo hacer o qué podría querer a cambio de no avanzar o de limitar la entrega de información”, manifestó en la denuncia, por lo que quiere ser incluido en un programa de protección de testigos en la Fiscalía.
SEMANA pudo establecer que el denunciante no solo es contratista de la SAE, sino que además ha denunciado irregularidades en el contrato de semovientes que tiene a su cargo. Asimismo, Díaz, a través del Grupo Empresarial Publicidad y Medios SAS, prestó servicios a Meprecol para actividades pedagógicas en territorio mediante un contrato por ocho meses suscrito el 31 de marzo de 2023.
Los millones en duda
Tras acceder a correos internos y contratos de Meprecol, SEMANA pudo establecer que los aproximadamente 5.000 millones de pesos de operaciones recientes mencionados en la denuncia son realmente 5.600 millones, entregados como anticipo de Meprecol a la cooperativa Serintegroup para la compra de metales preciosos en territorio.
Este medio conoció que se trata de unos recursos que Meprecol transfirió a la cooperativa, que trabaja de la mano de la Comercializadora Jacin, con la que tiene un acuerdo de cooperación. Dentro del mismo, se acordó la transferencia del dinero a una empresa llamada Spectre Consulting SAS, que es una compañía que ofrece infraestructura de pagos.
Este movimiento de recursos, que se dio el 28 de mayo de este año, generó una alerta del revisor fiscal, según documentos suministrados por altos funcionarios de las compañías a SEMANA.
De acuerdo con el oficio, con fecha del 19 de junio de 2026, existían riesgos de posible triangulación, falta de trazabilidad y hasta una presunta pérdida de recursos que iban a ser retirados en efectivo, una vez llegaran a la empresa Spectre.
“Según la información suministrada durante la revisión, la función del tercero consistiría en ‘monetizar’ los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta”, dice el informe del revisor fiscal.
De esa forma, recomienda “suprimir el giro a tercero” y pagar el anticipo directamente a la Comercializadora Jacin. El revisor cuestionó el hecho de que se habría girado a Spectre antes del concepto, “sin debida justificación y traza” y “fuera de la cadena documental descrita”.
Efectivamente, el dinero se giró y no se justificó en su totalidad, según las fuentes internas de Meprecol. SEMANA conoció un correo electrónico en el que María Fernanda Serna, contadora de Meprecol, pide de forma reiterada a Serintegroup la trazabilidad de la operación, que aún no ha sido entregada en su totalidad.
Fuentes internas que conocen la actividad financiera de Meprecol le enviaron a SEMANA un aparte de un documento en el que hablan de demoras en la legalización de las transferencias monetarias, tanto en este como en otros casos.
“Se evidenció que los anticipos a proveedores con una antigüedad significativa, superior a un año, continúan pendientes de legalización. La revisoría ha informado esta situación desde periodos anteriores; como respuesta, la administración remitió requerimientos de pago”, se lee en uno de los documentos del revisor fiscal.
De los 5.600 millones de pesos, solo se han podido legalizar cerca de 4.000 millones. Se trata de cuatro facturas, emitidas semanas después de la transacción.
Las primeras dos son por 2.144 millones de pesos y 563 millones, del 19 de junio de 2026, día de la alerta interna del revisor fiscal. Luego se emitieron dos el pasado 3 de julio, por 704 millones de pesos y 807 millones. Estas transacciones suman 4.200 millones de pesos, lo cual no termina de justificar el resto de los recursos girados.
También hubo una devolución de recursos por 150 millones de pesos, lo cual deja sin sustento cerca de 1.200 millones de pesos a la fecha.
SEMANA conoció que, por esta razón, desde la revisoría fiscal de las empresas se solicitó de forma urgente la legalización del resto de los recursos. Incluso, en una comunicación se advirtió que, de no hacerlo en los plazos estipulados, podría generar reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el fin de verificar la licitud de las actuaciones.
Meprecol responde
En conversación con SEMANA, María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol, negó las acusaciones de Díaz, asegurando que no tienen flujo interno de recursos más allá de los 5.000 millones de pesos en cuestión.
“El negocio de la comercialización de oro necesita una integración vertical. Nosotros solo tenemos capital como empresa, que es una sociedad anónima. Nosotros no vamos a las minas a comprar el oro, por lo que en marzo nos entregan dos cooperativas. Los depositarios anteriores están furiosos porque les quitaron el control”, dijo Carrillo a este medio.
Y aseguró que hace parte de su conducto regular pasar por varias empresas las transacciones de Meprecol.
“Spectre es el que esparce el dinero; lo llevan a las regiones. Como allá no hay bancos, se lleva en efectivo. Pasan el efectivo para que las cooperativas de las regiones compren”, explicó.
También negó posibles coimas entregadas con este recurso: “Eso es para comprar oro. Los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que exportamos”.
Frente a la posible falta de trazabilidad del oro, la representante legal aclaró: “Tenemos una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo”.
En lo que respecta a la demora de las facturas para legalizar los recursos, respondieron: “Depende de las condiciones del mercado del oro. El precio se vino abajo en mayo y junio, por el valor del dólar y el oro. Es difícil comprar, dado que guardan el oro, esperando que suba”.
SEMANA intentó comunicarse con la Sociedad de Activos Especiales, donde Mery Janneth Gutiérrez, asesora de la presidenta Amelia Pérez, contestó a los llamados asegurando que solo ha asistido a reuniones de traspaso de las empresas de oro desde la entidad hacia el Ministerio de Minas.
“Mi relación es completamente institucional, asistí a las mesas técnicas y hay actas de asistencia a las reuniones”, manifestó.
Frente a Díaz, por el pleito alrededor del contrato de semovientes que aún tiene con la SAE, Gutiérrez informó que lo denunció penalmente por injuria y calumnia, dado que anteriormente la mencionó en presuntas irregularidades en el manejo del convenio.
“Hemos recibido amenazas de él, más de 200 comunicaciones. Tiene más de 40 denuncias en su contra. Una de esas denuncias es la mía en contra de él”, dijo Gutiérrez, asesora del despacho de Amelia Pérez.
SEMANA buscó al ministro Palma para conocer su postura frente a la denuncia de Díaz, pero este informó que los interrogantes deben ser contestados por Meprecol.
En la Fiscalía General de la Nación se encendieron las alertas por los negocios del oro que ahora le pertenecen al Estado, que se hacen en efectivo y frente a los cuales existen vacíos dentro de la trazabilidad de los recursos. Los documentos quedan en poder de las autoridades, que son las que decidirán frente a los presuntos actos y los responsables.