Continúa el cruce de versiones sobre el predio La Mandiga, ubicado en el municipio de Caucacia, Antioquia, y en el cual se estaría realizando una explotación de oro constante e ilegal dentro de una base militar del Ejército.
El predio, de 2 mil hectáreas, sería uno de los puntos principales de explotación ilegal de oro en el oriente antioqueño, para financiar así a la banda criminal del Clan del Golfo.
De ahí, lo insólito de la situación planteada por el reportaje del The New York Times. La gravedad del caso no terminaba ahí, puesto que el oro extraído estaría terminando en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, pese a las restricciones.
La Mandinga: una mina ilegal de oro controlada por el grupo armado Clan del Golfo que se extiende dentro de un batallón militar en Colombia. pic.twitter.com/NHrzUsBsNO
— Federico Rios (@federicorios) April 26, 2026
Después de conocerse la información por un reportaje del The New York Times tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército Nacional aseguraron que “por extinción de dominio, conforme a lo estipulado por la ley” el mencionado predio estaba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Frente a esto, la SAE respondió, asegurando que tras hacer una “valoración” de todos los “registros oficiales, consolidados internos y sistemas de información” se llegó a la conclusión que el mencionado predio “no hace parte de los bienes administrados por la entidad”.
“Según el historial judicial del inmueble, el bien fue objeto de medidas cautelares desde 2013, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó su embargo en el marco de un proceso de Justicia y Paz”, explicó la SAE mediante un comunicado de prensa.
En febrero de 2020, por un fallo judicial, se declaró la extinción del derecho de dominio sobre el predio y se ordenó su transferencia al Fondo para la Reparación de las Víctimas, el cual es administrado por la Unidad para las Víctimas.
El organismo indicó que en la misma revisión institucional se estableció que ‘La Mandinga’ no fue entregada a la SAE por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en las actas de empalme realizadas en septiembre de 2014.
“Esta precisión surge ante referencias difundidas en distintos medios de comunicación sobre la presunta relación del predio con la administración de la SAE”, aseveró la entidad.
Frente a esta situación, la directora de al SAE, Amelia Pérez Parra, insistió que ante las revelaciones y señalamientos, “es importante que quede claro, que La SAE no tiene ninguna responsabilidad en ese tema. Sin embargo, coordinaremos con el Ministerio de Defensa y El Ejército Nacional un rastreo presencial en la zona para corroborar el estado de algunos predios administrado por la entidad para verificar si están siendo utilizados en minería ilegal u otro tipo de actividades delincuenciales”.