El periódico The New York Times reveló información exclusiva que da cuenta de lo que sería un escándalo sobre la minería ilegal en Colombia.
Se trata de La Mandinga, una mina de oro del Clan del Golfo que, según el diario estadounidense, opera en una base militar colombiana. Una información que los militares negaron, pero que periodistas del medio pudieron ver con sus propios ojos.
Según The NY Times, las imágenes obtenidas por el equipo de investigación resultaban nítidas y contundentes: trabajadores mineros, utilizando potentes chorros de agua a presión, estaban arrasando una franja boscosa en los alrededores de la base que alberga al Batallón Rifles 31, una unidad del Ejército colombiano.
Se alcanzaba a distinguir algo similar a una frontera o división, aunque no se observaba ninguna valla que delimitara claramente la base de La Mandinga, según el medio.
Las pruebas dejaban ver a trabajadores mineros empleando mangueras de gran presión para remover el suelo en un área boscosa que formaba parte de la base. Sin embargo, en un comienzo, el comandante, el coronel Daniel Echeverry, rechazó que dicha actividad se desarrollara dentro de sus instalaciones.
Ante esto, el periodista optó por acompañarlo en un recorrido por la zona. Lo que hallaron transformó la versión oficial. “Esto es en terrenos de la base”, reconoció el propio coronel al observar la explotación ilegal de primera mano, al tiempo que ordenaba a los mineros abandonar el lugar.
La investigación también reveló que quienes trabajan en la mina están obligados a pagar al Clan del Golfo para poder operar, lo que convierte al oro en una fuente fundamental de financiamiento para este grupo armado.
Esta dinámica ilícita, según el reportaje, les permite robustecer su capacidad bélica y sostener el control en distintas regiones del país.
El caso no solo deja en evidencia deficiencias en el control territorial, sino también en la cadena internacional del oro.
El periodista indica que llegó a La Mandinga mientras indagaba cómo este mineral, extraído de manera ilegal, estaría alcanzando incluso mercados como Estados Unidos, a pesar de las restricciones legales.
A abril de 2026, las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo atraviesan un momento débil. Aunque existen diálogos y algunos avances técnicos, no hay acuerdos de fondo como desarme o sometimiento.
El proceso ha sufrido tensiones e incluso suspensiones recientes, lo que evidencia su fragilidad. Además, el grupo mantiene poder territorial y fuentes de financiación ilegal, reduciendo incentivos para negociar.
En este contexto, es poco probable que se logre un acuerdo de paz antes de que finalice el actual gobierno, por lo que el proceso quedaría en manos de la próxima administración.