El 31 de marzo, delincuentes hicieron realidad las amenazas que habían sembrado sobre Alexander de Jesús Chavarría Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de La Granja, en Ituango, en el norte de Antioquia.
El campesino había estado al frente de esa organización desde 2022, había asumido la férrea denuncia del asesinato de la lideresa comunitaria Ludis Esther García Jaramillo, también de La Granja, quien fue baleada en 2023 y por eso fue obligado a huir de su parcela por hombres del Clan del Golfo, según Indepaz.
El día de su muerte, los armados ilegales llegaron a su casa, preguntaron por él, se lo llevaron a la fuerza y lo asesinaron.
Ese es solo uno de los ocho casos de líderes asesinados en Antioquia entre el primero de enero y ese fatídico martes, 31 de marzo.
El departamento, según datos de la Defensoría del Pueblo, es en el que más han asesinado líderes sociales este año en Colombia; le siguen Cauca y Arauca con cuatro casos; Nariño con tres; Putumayo, Huila, Magdalena y Atlántico con dos; y Caquetá, Chocó, Caldas, Norte de Santander, Santander, Cesar, La Guajira y Córdoba con un crimen cada uno.
“Permanece una situación, que es el ataque contra defensores del tema de tierras, desde el punto de vista de los medioambientalistas, de la gente que lucha contra la minería, de la gente que lucha por la restitución de tierras, que lucha por la reforma agraria”, dijo Gerardo Vega, abogado de la fundación Forjando Futuros, que trabaja para lograr que sean devueltas las tierras a los campesinos a los que se les arrebataron sus parcelas durante el conflicto y quien estuvo al frente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Gobierno Petro.
Sin embargo, ese no es el único alarmante indicador sobre la violencia en el departamento, pues también lidera la cifra de masacres en el país.
En Antioquia, los delincuentes ejecutaron seis masacres de las 35 registradas (con 133 víctimas) entre el primero de enero y el 31 de marzo.
Le siguen Atlántico, Cauca, Nariño y Norte de Santander, donde paradójicamente tienen amplia presencia grupos armados sentados en mesas de diálogo con el Gobierno nacional.
Según la Defensoría del Pueblo, “cada caso representa una afectación grave a la vida, al liderazgo social y a los procesos organizativos en los territorios”.
Esa entidad también señaló que en Colombia fueron asesinadas 1.699 personas desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre las extintas Farc y el Gobierno nacional.
El abogado Gerardo Vega aseguró que casi un 50 % de las víctimas son líderes que se dedican a la defensa de sus tierras, al medioambiente, a la sustitución de cultivos, a reclamar la restitución de sus parcelas o están contra la minería que destruye sus territorios.
“Vemos que eso configura una situación en Colombia que es que mientras no se avance en un tema de reforma agraria, de modificar la posesión y la propiedad de la tierra en el país, van a seguir asesinando líderes sociales”, manifestó.
Además, el reconocido abogado reveló los resultados del informe ‘Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia’, el cual advierte que los discursos de odio, la estigmatización y la desinformación han contribuido a recrudecer la violencia que ha provocado la muerte de estos líderes y lideresas.
“Eso quiere decir es que a la gente la desacreditan, la calumnian, la injurian primero, eso porque la matan moral y políticamente y luego, si pueden, viene el asesinato físico de la gente; eso ha sido en todas las historias”, destacó.
Para Camilo González Posso, presidente de Indepaz, “la situación de asesinato y de amenazas a las líderes sociales continúa siendo muy grave en Colombia, el cuatrienio anterior tuvimos un promedio anual de 220 líderes asesinados en todo el país y en este periodo del gobierno de Gustavo Petro la cifra ha sido de 180, un poco menos, pero no podemos hablar de un cambio estructural”.
“Siguen los mismos patrones y la estigmatización como uno de ellos, en los discursos del odio, el fanatismo, es decir, aquí las acusaciones y el señalamiento anteceden no solamente el asesinato de líderes, sino las amenazas para organizaciones”, opinó el directivo de esa ONG que hace seguimiento a los casos de violencia en el país y que ha documentado el crimen de tres firmantes de paz este año.
“No solamente se trata de asesinatos, se trata de todo un constreñimiento a los procesos de reclamo de derechos humanos en diferentes regiones del país”, agregó.