Desde Managua, Nicaragua, donde se encuentra desde hace cerca de un año y medio en calidad de “asilado”, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dape), Carlos Ramón González, cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que prorrogó por un año más la medida de aseguramiento en su contra en el proceso por corrupción en la UNGRD.
En medio de la diligencia judicial que se adelantó en la tarde de este miércoles 24 de junio, en la cual se prorrogó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exfuncionario, González pidió la palabra para asegurar que no compartía el pronunciamiento del magistrado.
“Bueno, la verdad es que en este punto me encuentro particularmente, primero, innecesario en la prórroga”, atinó a decir González, quien se conectó a la audiencia desde Nicaragua.
El exdirector del Dapre, quien fue considerado una de las personas más poderosas del Gobierno Petro, señaló que la Fiscalía General no ha sido clara en los señalamientos en su contra en el desarrollo de esta investigación.
“Yo sí quiero aquí en este escenario decir muy brevemente que hoy, en la situación en que me encuentro, en mi calidad de asilado político, tengo que seguir insistiendo en mi inocencia frente al tema. Todas las pruebas de la Fiscalía; la Fiscalía quiere abundar en 200.000 pruebas que nada tienen que ver con mi conducta. Revisados estos documentos de la Fiscalía, ninguno tiene que ver con mi conducta, salvo el testimonio de un solo señor que tienen claramente; claramente la intención de incriminarme para salvar su pellejo”, manifestó.
Esto en clara referencia al exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, quien cuenta desde hace un año con un principio de oportunidad y cuya declaración fue citada en varios apartes del escrito de acusación contra Carlos Ramón González, presentado hace poco ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
“Estoy frente a un acto de incriminación política por parte de un solo señor que es el único que ha dicho ‘Carlos Ramón me dijo esto’, sin probar siquiera en cualquier momento en dónde, cuándo y dónde, porque él habla en el mes de septiembre y jamás en el mes de septiembre yo me reuní con ese señor, jamás. Lo tengo que decir aquí ante la opinión pública”, precisó.
En su corta declaración, el exdirector del Dapre indicó que nunca tuvo participación en el llamado “cónclave” donde se direccionaron millonarios sobornos para comprar la conciencia de congresistas para que avalaran las reformas presentadas por el Gobierno Petro.
“Jamás me reuní con ese señor, (...) ese hecho nunca pasó. Entonces, estoy frente a un hecho de incriminación política por parte de un señor que ha reconocido públicamente todos sus delitos y que ha reconocido que se desfalcaron miles de millones de pesos, pero entre los que yo no tengo nada que ver. Yo sí quiero insistir en que soy una persona inocente, que estoy siendo incriminado por un bandido confeso (...), frente al cual más bien la Fiscalía le ha dado toda la credibilidad, lo cual me parece injusto a todas luces. Muchas gracias”, concluyó.
Carlos Ramón González enfrenta un juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
La Fiscalía General lo señaló de haberle dado el visto bueno a la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name (quien habría recibido 3.000 millones de pesos), y de la Cámara, Andrés Calle, quien recibió (mil millones de pesos).
Antes de la audiencia de imputación de cargos, en mayo de 2025, el exdirector del Dapre salió del país para no volver.