El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González deberá presentarse el próximo 12 de agosto, junto a su defensa, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, para el inicio de las audiencias preparatorias del juicio en el proceso penal que se adelanta en su contra por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla, quien fue acusado en abril pasado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento o entrega de sobornos a funcionarios), deberá presentar las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que considere pertinentes para enfrentar los señalamientos del ente investigador.
Igualmente, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentará su material probatorio para la etapa de juicio contra el exministro de Hacienda, señalado de haber avalado el direccionamiento de contratos para beneficiar a un grupo de congresistas que formaban parte, para el segundo semestre de 2023, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En diferentes oportunidades, Bonilla González ha cuestionado las declaraciones de los principales testigos de la Fiscalía General, entre ellos, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora del despacho del Ministerio de Hacienda.
De esta forma, ha indicado que los señalamientos en su contra han sido contradictorios. “Me gusta mucho que hoy la Fiscalía hubiera reconocido que ni el ministro (Luis Fernando) Velasco ni yo saqueamos la UNGRD. Eso es algo de Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Unidad) y su cuadrilla, que son unos delincuentes confesos”, expresó el exministro Bonilla durante la audiencia que se realizó el pasado 30 de abril.
La acusación contra Bonilla
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo, durante la formalización del escrito de acusación, que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los dos entonces ministros de Hacienda y del Interior “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias”.
“Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, añade la acusación.
Entre los congresistas favorecidos con los proyectos de obra e intervención se encontraban Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes actualmente están privados de la libertad por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Los dirigentes políticos, quienes fueron reelegidos para el período legislativo 2026-2030, fueron señalados por el delito de cohecho impropio. Esto, por presuntamente haber exigido la entrega de contratos que estaban en poder de la UNGRD y el Invías, con el propósito de favorecer con su voto los proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía un especial interés.