El 3 de julio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló la solicitud elevada por la Fiscalía y ordenó la captura inmediata en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, procesado por el escándalo de corrupción que permeó la UNGRD.
Sin embargo, la orden de captura no se pudo materializar. Esto debido a que González Merchán se encontraba fuera del país y contaba con un “asilo político” en Nicaragua. Pese a los varios intentos de la Fiscalía, y a la ratificación de esta medida de aseguramiento en centro carcelario, el exfuncionario no ha vuelto a pisar suelo colombiano.
El pasado 7 de abril, la Interpol le informó a las autoridades colombianas que había levantado la circular roja en contra de Carlos Ramón González, lo que significaba que podía salir de Nicaragua sin ningún tipo de problema puesto que, en simples palabras, no iba a ser detenido.
Pocos días después, la Fiscalía General envió un nuevo oficio para que se reactivara esta orden de captura. Este miércoles 29 de abril, se confirmó que el organismo internacional no iba a reactivar dicha orden de captura.
Esto, por considerar que de emitirla se estaría incurriendo en una contradicción de sus principios y lineamientos, principalmente, aquellos mencionados en el artículo 2.
“Está rigurosamente prohibida la organización (de) toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, resalta el documento revelado en la noche de este miércoles por Noticias RCN.
En este caso, el asilo político a Carlos Ramón González tuvo un peso importante, puesto que se considera que el requerimiento judicial en Colombia tiene relación con su actividad política.
El exdirector del Dapre enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación a favor de terceros.
En el expediente judicial se señala que en octubre de 2023, siendo director del Dapre, González dio cortas pero sustanciales instrucciones al director de la UNGRD, Olmedo López y a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, con el fin de que movieran sus influencias y lograran el direccionamiento de millonarios contratos que estaban en poder de la Unidad.
Esto con el fin de que llegaran a manos de un grupo de congresistas que ya habían comprometido su voto para favorecer los proyectos de reforma presentados por el Gobierno Petro.
“Olmedo (López) fue enfático (…) en sus interrogatorios en señalar que Carlos Ramón González Merchán lo contactó para conseguir contratos por 60.000 millones de pesos de la UNGRD”, reseñó el fiscal auxiliar en la audiencia de acusación. 40.000 millones de pesos —continuó— eran destinados a Iván Name, y los otros $20.000 millones a Calle.