Este jueves 29 de enero reapareció el exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.
El exfuncionario, quien se encuentra en Nicaragua desde hace más de un año, fue acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos a funcionarios), peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Este jueves reapareció el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vPeDs9M7Gq
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Esto por los hechos que rodean el expediente del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
En la acusación, se cita directamente la corta pero muy activa participación de González Merchán en el denominado cónclave que se realizó en los pasillos de la Casa de Nariño en la mañana del 27 de noviembre de 2023, en la antesala de un consejo de ministros.
“Carlos Ramón González ordenó a Olmedo López, director de la UNGRD, entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos”, resalta la acusación que será presentada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.
La orden era clara: se debían pagar esos sobornos “para que los legisladores brindaran apoyo a los proyectos de ley del Gobierno”.
La defensa de Carlos Ramón González le pidió a un abogado de las víctimas que evite llamarlo “prófugo de la justicia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/sc5QdFe7zN
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En otro de los apartes de la acusación se mencionó que González Merchán sabía que estos recursos tenían como finalidad la atención de emergencias en el departamento de La Guajira.
“Sabía (en referencia a Carlos Ramón González) que desplegar éste tipo de comportamientos estaba prohibido por el Estatuto Punitivo, motivo por el cual le era exigible: (i) no ofrecerle dádivas a los congresistas a cambio de su apoyo en el trámite de los proyectos del ejecutivo que cursaban en el órgano bicameral y, (ii) No determinar a los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez y Sandra Liliana Ortiz Nova al ordenarles delantar las acciones ilícitas necesarias para conseguir recursos del Estado asignados a la UNGRD y luego entregarlos en los términos ya puntualizados”, enfatiza.
En la diligencia de este jueves, ante la Corte Suprema se presentaron como víctimas los representantes de la UNGRD, la Contraloría General, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y tres comunidades indígenas del pueblo wayúu de La Guajira.
En medio de su presentación, el abogado Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, pidió su reconocimiento como víctima, aseverando que la corrupción en la UNGRD privó a las comunidades indígenas “más pobres” de acceder a agua potable.
“El señor Carlos Ramón González hoy ostenta la calidad de no acudir a materializar la medida de aseguramiento dictada por este alto tribunal y razón por la cual le he dado la condición de prófugo de la justicia”, precisó Bustos.
Sin embargo, el abogado Iván Cancino, quien representa al exdirector del Dapre, pidió respeto y aseveró que no se puede calificar a su defendido como “prófugo de la justicia”, por lo que “pidió dejar las reglas claras”.