Este martes, 14 de abril, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tomará una decisión clave en los procesos que se adelantan actualmente por el escándalo de corrupción que saqueó entre los años 2012 y 2013 a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala definirá la viabilidad del preacuerdo firmado por Olmedo López y la Fiscalía General, en el cual el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Esto, después de que el 25 de mayo de 2025 el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá negara la aprobación del preacuerdo por considerar baja la pena de 85.4 meses en prisión (cerca de siete años) y la devolución de 725 millones de pesos a las arcas del Estado.
Esto llevó a que se redactara una nueva negociación, la cual será presentada este martes.
López, quien se encuentra privado de la libertad desde septiembre de 2024, ha entregado información clave en varios procesos penales, entre los que se destacan los casos de los congresistas Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur y Karen Manrique.
Así como los expedientes que cursan en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
El abogado José Luis Moreno Caballero, representante de Olmedo López, aseveró que la colaboración de su cliente con las autoridades judiciales para desenmarañar este escándalo de corrupción sigue intacta.
“Esa colaboración ya existe y ha producido resultados concretos con la administración de justicia”, precisó el abogado penalista. “El compromiso de Olmedo López con la justicia es firme y continuo y no está condicionado”.
En este sentido, señaló que el exdirector de la UNGRD está dispuesto a presentarse a declarar cuando sea citado por las respectivas autoridades judiciales.
La agenda de Olmedo López
Una de las pruebas base del proceso por el complejo caso UNGRD es el bloc con hojas amarillas en las que el entonces director de la entidad anotó las constantes peticiones y propuestas que le hacían los congresistas para garantizar contratos y convenios.
Estos datos revelan las presiones que recibió durante varios meses el director de la UNGRD por parte de dirigentes políticos que querían lograr tener el control de varias contrataciones en regiones donde tenían un caudal electoral e intereses.
Los congresistas ya habían comprometido sus votos para proyectos en los cuales el Gobierno Petro tenía interés; sin embargo, era clave que la UNGRD desembolsara o direccionara los convenios de obra y mitigación del riesgo.
Lo contenido en dicha carpeta ha sido corroborado por otras fuentes y documentos. Esta información ha sido puesta de presente en varias imputaciones de cargos y acusaciones contra exfuncionarios.