Unidades especializadas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación operativa con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ejecutaron una diligencia de registro e intervención en el Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja, Santander.
Las acciones institucionales responden a una estrategia de investigación penal orientada a desmantelar los núcleos de extorsión que operan desde el interior de los establecimientos de reclusión en el Magdalena Medio.
Las operaciones judiciales se dirigieron específicamente contra los integrantes del grupo delincuencial autodenominado Los de la M.
De acuerdo con el expediente fiscal, los miembros de esta organización criminal utilizaban las instalaciones del centro de detención para coordinar la logística de cobros extorsivos dirigidos a comerciantes, transportadores y residentes de la región.
Modalidades de coacción y destino de los fondos ilícitos
Las investigaciones preliminares de los organismos de inteligencia permitieron establecer los mecanismos de intimidación utilizados por los procesados dentro del recinto penal.
Las denuncias recolectadas por los investigadores señalan que la banda realizaba exigencias económicas mediante llamadas telefónicas continuas y videollamadas, simulando el control territorial de zonas urbanas y rurales para forzar el pago de cuotas periódicas a las víctimas.
Las pesquisas judiciales evidenciaron que este esquema de coacción carcelaria representaba un flujo constante de capital para la estructura.
Sobre el impacto financiero y la finalidad de los recursos obtenidos mediante las amenazas, las autoridades judiciales explicaron que “las evidencias indican que Los de la M recaudarían cerca de 96 millones de pesos mensuales intimidando y haciendo exigencias económicas a sus víctimas”, dinero que posteriormente era inyectado a otras rentas criminales de la zona.
Financiamiento delictivo e incautaciones en el operativo
El análisis del ente de control determinó que los ingresos generados por la extorsión carcelaria funcionaban como el principal soporte económico para sostener operaciones complejas fuera del establecimiento penitenciario.
Las autoridades confirmaron que los dividendos ilícitos eran destinados a financiar homicidios selectivos, la compra de armamento y el tráfico de sustancias estupefacientes en diversos sectores del municipio de Barrancabermeja.
Durante el desarrollo de las inspecciones técnicas a las celdas y áreas comunes del centro transitorio, el personal del CTI y la Fuerza Pública incautaron un importante cargamento de elementos prohibidos.
El balance final del procedimiento arrojó la confiscación de 20 teléfonos celulares, 23 cargadores para dispositivos móviles, 18 armas cortopunzantes y 11 tarjetas SIM, elementos que quedaron incorporados como prueba dentro del proceso de judicialización contra la estructura criminal.