Este jueves 20 de agosto será un día trascendental en dos procesos penales que marcaron el gobierno de Gustavo Petro.

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La Fiscalía General de la Nación formalizará los escritos de acusación en contra de Juliana Guerrero, quien estuvo muy cerca de llegar al Ministerio de la Igualdad, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

En el primer caso, el ente investigador presentará la acusación contra Guerrero por los títulos falsos que obtuvo de la Fundación Universitaria San José, con los que intentó modificar su hoja de vida para ser designada como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Para la Fiscalía, la joven, oriunda de San Onofre (Cesar), obtuvo el título de pregrado de contaduría pública pese a que nunca pisó un salón de clases ni presentó un examen, mucho menos la prueba Saber Pro, exigida por el Ministerio de Educación.

“Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema Sigep II (…) para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de las Juventudes”, sostuvo el ente investigador durante la imputación.

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Por esto, Juliana Guerrero será acusada por el cargo de fraude procesal. La audiencia se realizará a las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá.

El apartamento 901

En el caso de Roa, quien fue gerente de la campaña Petro Presidente 2022, la Fiscalía sostendrá que, antes de llegar a la presidencia de Ecopetrol, compró “a un precio injustificable” un apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en el nororiente de Bogotá.

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Según citan las pruebas recolectadas, Roa habría ejercido presiones para favorecer con un contrato a un reconocido empresario de los hidrocarburos.

“La influencia ejercida por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares del señor Juan Mancera, con quien había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento″, señaló la Fiscalía durante la imputación.

“En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago. En esa negociación, el señor Ricardo Roa adquirió el inmueble por la suma de $ 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial ascendía a $ 2.727 millones de pesos. Es decir, el precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor del mercado con una diferencia del 34 % equivalente a $ 927 millones de pesos”, explicó el fiscal del caso.

Frente a esto, Roa deberá responder por el cargo de tráfico de influencias.

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La diligencia judicial se instalará a las 12 de la tarde ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá.

Roa tiene otro proceso penal por las irregularidades en la presentación de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).