En 2021, la Policía Nacional anunció la compra de cinco drones para fortalecer la lucha contra la delincuencial en el departamento del Atlántico. El negocio se hizo por medio del contrato n.° 2020203287 y así se realizó la adquisición de estos drones por un valor de 1.061 millones de pesos.
Sin embargo, un año después de la compra, no se han utilizado y se encuentran actualmente en una bodega en el departamento del Atlántico. La advertencia fue hecha por la Contraloría General de la República, quien manifestó que están en riesgo de quedar obsoletos.
En un informe de auditoría financiera al mencionado contrato se advierte que esta situación genera un incumplimiento en cuanto a la destinación de los recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET).
En el estudio del caso, realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, se señala que existen debilidades en los mecanismos de control en cuanto a la confiabilidad de los registros y falta de gestión para poner en uso de los bienes comprados.
La Policía de Aviación, en respuesta a la petición hecha por el organismo de control fiscal, indicó que hasta tanto no se realice una capacitación del personal de operaciones frente a los drones estos equipos no podrán ser utilizados ni salir a actividades operacionales.
El contrato indicaba que estos equipos de última tecnología iba a ser utilizados en el marco de las acciones tendientes a garantizar la seguridad y convivencia en el departamento del Atlántico.
Contratos en la mira
En junio pasado, SEMANA reveló en exclusiva las pruebas que existen sobre las presiones que habría ejercido el general Hoover Penilla, subdirector de la Policía Nacional, en el marco del contrato de un multimillonario proyecto que tenía como objetivo dotar de bodycams a los policías de vigilancia en las principales ciudades de Colombia. La inversión supera los 200.000 millones de pesos.
En varios audios, el oficial intenta frenar la participación de empresas de la China en el proceso de licitación del mencionado contrato. “Ni por el putas me vayan a meter a mí esas cámaras que tienen que ver con chinos”. Se trata justamente de las bodycams, más de 11.000 que se espera comprar en un proyecto de transformación de la Policía, y que por ahora quedó congelado tras presuntas irregularidades en la construcción de la ficha técnica, requisito previo para abrir la licitación.
De acuerdo con el subdirector de la Policía, la “orden es clara”: no abrir espacios a empresas de origen chino en ese proyecto e incluso advierte que la orden proviene del “señor director”. “Si quieren decir que es que yo tengo negocios con las empresas, díganlo, dígalo si quiere, me arriesgo a sostenerlo, pero no quiero saber de esos chinos”.
El proyecto para las bodycams se inició en el Ministerio del Interior mediante el documento Conpes 4064 de 2021. Así se garantizaron los recursos, en total 202.000 millones de pesos, que no se han girado a la espera de completar los estudios técnicos, los mismos que se convirtieron en elementos de prueba de una denuncia que conoció SEMANA.
“Es así, es la orden del señor director y es la mía, nada que tenga que ver con eso, ¿estoy equivocado?”, le dice el general Penilla a su subalterno, la persona encargada de la supervisión del proyecto y que participó durante tres meses, junto con ingenieros del Ministerio del Interior y de la Oficina de Telemática de la Policía, en un comité técnico para la construcción de la ficha técnica de las bodycams.