A través del auto 0010 del 7 de abril de 2026, el Ministerio del Trabajo impuso medidas de implementación inmediata a Caracol Televisión por las denuncias internas de acoso sexual que el propio canal informó.
Tras la inspección al medio de comunicación, el ministerio concluyó:
“Existen indicios suficientes de una posible falla en los mecanismos de prevención, atención e investigación del acoso sexual laboral al interior de la empresa, así como la persistencia de un riesgo actual de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, lo cual hace procedente la adopción de medidas preventivas en el marco de las competencias de esta autoridad administrativa”.
El auto también expuso hallazgos sobre la trazabilidad de denuncias anteriores contra los implicados.
“En relación con la trazabilidad de las denuncias, el empleador manifestó no contar con un histórico consolidado de quejas por acoso sexual laboral, más allá de la denuncia presentada el 13 de marzo de 2026; no obstante, en el marco de la diligencia se evidenció la existencia de llamados de atención previos dirigidos a uno de los presuntos implicados, Sr. RICARDO ORREGO, correspondientes a los años 2023 y 2025, sin que se encontrara soporte documental que permita identificar las quejas que dieron origen a dichas actuaciones, ni la existencia de procedimientos disciplinarios estructurados derivados de las mismas. Esta circunstancia pone de presente una inconsistencia en la información suministrada por el empleador, así como una posible falla en los mecanismos internos de registro, gestión y trazabilidad de denuncias, en la medida en que no se logra establecer de manera clara, completa y verificable la ruta seguida frente a conductas que habrían sido previamente advertidas“, se lee en el documento.
En su momento, la defensa del periodista Ricardo Orrego emitió un comunicado frente a los señalamientos en su contra.
“Mi representado manifiesta su plena disposición a atender, de manera oportuna, diligente y colaborativa, todas las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que sean adelantadas por las autoridades competentes en relación con los hechos que se investigan, en el marco del respeto irrestricto a sus garantías constitucionales fundamentales: la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, consagrados en los artículos 29 y 33 de la Constitución Política de Colombia”, sostuvo el pasado 24 de marzo.
El auto también habla sobre la recaudación de nuevas quejas al momento de la inspección:
“De manera concurrente, durante el desarrollo de la visita de inspección se recaudaron 15 quejas que dan cuenta de la posible existencia de múltiples situaciones de acoso sexual laboral en el entorno de trabajo, las cuales no habrían sido formalmente denunciadas o no habrían sido tramitadas a través de los mecanismos institucionales, evidenciándose así la posible existencia de barreras estructurales para la denuncia, tales como el temor a represalias, la desconfianza en los canales internos y la percepción de ineficacia de las rutas de atención”.
Y agregó el documento: “La ausencia de correspondencia entre los llamados de atención identificados y los registros formales de quejas o investigaciones internas permite inferir, en esta etapa preliminar, la posible existencia de subregistro o inadecuada gestión de las denuncias, lo cual compromete la eficacia de los mecanismos institucionales diseñados para la prevención y atención del acoso sexual laboral”.
Frente a estos hallazgos, el Ministerio del Trabajo impuso nueve medidas orientadas a la protección de las denunciantes, la investigación de los hechos y la adopción de rutas con enfoque de género.
“Adoptar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, medidas efectivas orientadas a garantizar la protección integral de las personas denunciantes, presuntas víctimas y testigos, asegurando que no se presenten escenarios de exposición, presión laboral, contacto no deseado o cualquier forma de hostigamiento derivado de los hechos denunciados”, se lee en el auto.
Adicionalmente, solicita:
“Adelantar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del presente auto un proceso de reconstrucción documental respecto de los llamados de atención identificados en los años 2023 y 2025 dirigidos a uno de los presuntos implicados, el Sr. RICARDO ORREGO, con el fin de establecer las quejas que dieron origen a dichas actuaciones, las dependencias que intervinieron, las decisiones adoptadas y las razones por las cuales no se evidencia la existencia de procedimientos disciplinarios estructurados derivados de las mismas”.
En el último comunicado, Caracol Televisión anunció la puesta en marcha de una comisión independiente para investigar los casos.
“El objetivo será analizar las dinámicas organizacionales y formular recomendaciones que generen mejoras y fortalezcan los mecanismos de prevención, atención y protección frente a este tipo de conductas. Este proceso busca garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles, asegurando que dichos hallazgos se traduzcan en una transformación cultural profunda, real y sostenible en el tiempo”, dijo el canal el pasado 1 de abril.