La continuación de un millonario contrato de exploración y explotación petrolera en Puerto Boyacá, Boyacá, tiene en la mira, nuevamente, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. En la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría reposan acciones judiciales presentadas por una veeduría ciudadana y la Unión Sindical Obrera (USO) en la que reclaman la “revisión e intervención urgente” del contrato en los campos Teca-Nare, en el proyecto Fontana.
En documentos conocidos por SEMANA aparece mencionada, además de Roa, una persona que ha tratado de pasar desapercibida, pese a ser protagonista de uno de los procesos judiciales más mediáticos del país. Se trata de Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, una de las señaladas por la muerte de Luis Andrés Colmenares en una noche de Halloween.
En la acción judicial se enfatiza que Ecopetrol estaría negociando un contrato con la empresa Montajes JM, a pesar de que, a finales de 2025, la Fiscalía abrió una investigación contra Moreno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El voluminoso expediente señala que en Montajes JM se habrían presentado acciones que llevaron a un millonario desfalco a la Dian mediante la presentación de facturas falsas de empresas de papel. Los hechos ocurrieron, según la Fiscalía, entre 2006 y 2009.
No obstante estos antecedentes, la Veeduría de Puerto Boyacá reclama que Ecopetrol estaría evaluando la cesión de este importante proyecto a la empresa.
“La Veeduría de Puerto Boyacá y miembros de la comunidad han tenido conocimiento de maniobras oscuras entre funcionarios de alto nivel de la administración del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, como el vicepresidente ejecutivo, Juan Carlos Hurtado, y la empresa Montajes JM, con el objetivo de entregar la operación de los campos Teca-Nare”, resalta la petición de investigación.
Para la Veeduría, existe información clara de que en la adjudicación del contrato “presuntamente se prometió dinero de manera indebida por la entrega de operación de estos campos”. El contrato, señala, tiene un valor de 57 millones de dólares.
El caso escaló incluso en la estatal petrolera y ya está en conocimiento de la oficina de Ética y Cumplimiento. Sin embargo, el análisis en este tipo de casos puede tomar varios meses.
Desde Ecopetrol negaron la versión de la Veeduría sobre la cesión de operación del contrato, pero un documento de Montajes JM indica lo contrario.
En un oficio firmado por el representante legal de Montajes JM, Jorge Andrés Moreno, se le informa a la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol la disponibilidad para continuar con el proyecto petrolero.
“Me permito informarles que, en el marco de la oportunidad de negocio Fontana, la compañía que represento está dispuesta, en aras de garantizar la continuidad operacional de los campos, a ofrecer para el personal de nómina de Ecopetrol, que en la actualidad se encuentra vinculado a estos campos, un esquema que propenda por mantener el 100 por ciento sus beneficios laborales, incluyendo una mejora salarial entre el 10 por ciento y el 20 por ciento de su salario”, sostiene la comunicación, debidamente membretada con el logo de la compañía.
De este mensaje queda claro que la empresa no solo tiene conocimiento del proyecto, sino que pretende quedarse con él.
Desde la USO manifestaron su rechazo a la intención de entregar activos de Ecopetrol a empresas o empresarios investigados por graves delitos, así como la alteración de las condiciones laborales de los empleados.
Tras hacer una revisión en el sistema de la Rama Judicial, se encontró que la audiencia de imputación de cargos contra Moreno ha sido aplazada en tres oportunidades. El pasado 19 de enero, el Juzgado 75 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá dejó constancia de la “no realización” de la diligencia.
Por estos motivos, no se puede decir que Moreno está inmerso en un proceso penal, ya que no ha sido imputado. Igualmente, no cuenta con ningún tipo de antecedente penal, disciplinario o fiscal.