El próximo Gobierno comenzará con un sistema de salud deteriorado. Aunque históricamente este sector ha convivido con tensiones financieras, en los últimos años el problema dejó de ser solo de recursos y pasó a convertirse en una crisis integral, con pacientes afectados, prestadores al límite, EPS debilitadas y un aumento acelerado de las quejas ciudadanas.
Los expertos explican que las dificultades empezaron desde los años noventa, cuando Colombia creó un sistema de salud con vocación universal y costoso de sostener, dado que las necesidades médicas, los tratamientos y las tecnologías crecen más rápido que los presupuestos disponibles.
Alejandro Escobar, gerente de la consultora Sectorial, señala, sin embargo, que desde 2022, y con más fuerza desde 2024, cambió la lectura oficial de la crisis: el Gobierno sostuvo que los recursos eran suficientes y que el problema era de administración. Por eso intentó modificar el manejo del sistema con la reforma a la salud y, tras su hundimiento, con intervenciones forzosas a varias EPS.
El resultado no fue el esperado. Las intervenciones no mejoraron la situación y, por el contrario, algunos indicadores se deterioraron. Según Escobar, la siniestralidad promedio del aseguramiento llegó a 111 por ciento, mientras que en EPS intervenidas alcanzó niveles cercanos al 118 por ciento frente al 108 por ciento en las no intervenidas. A esto se suman múltiples cambios en la Supersalud y en los interventores de EPS, lo que ha profundizado la inestabilidad administrativa.
La crisis también se refleja en la atención. De acuerdo con el diagnóstico citado, los prestadores habrían cerrado alrededor de 12.000 servicios, las EPS llegaron a una posición financiera negativa, las ventas de medicamentos han disminuido y las quejas de los pacientes, que en 2021 rondaban las 80.000 mensuales, hoy superan las 160.000.
Ante este panorama, los expertos coinciden en que el próximo Gobierno deberá actuar en dos fases: un plan de choque y luego una reforma estructural. En el corto plazo, el sistema requeriría recursos rápidos para pagar parte de las deudas. Escobar estima que el hueco financiero podría cerrar el año en 37 billones de pesos, por lo que una inyección inicial de 10 billones ayudaría a dar liquidez a prestadores, gestores farmacéuticos, laboratorios y proveedores.
Ramón Abel Castaño, experto en sistemas de salud, coincide en la necesidad de recursos frescos, pero advierte que también será vital priorizar a los pacientes más graves. Entre ellos menciona casos de alto costo, como personas trasplantadas que podrían perder un órgano por falta de inmunosupresores o pacientes con VIH que ven agravarse su condición por la interrupción de medicamentos. El reto, asegura, será definir quién elaborará la lista de prioridades y cómo llegará el dinero a quienes atienden directamente a esos pacientes.
Luego del plan de choque vendría la reforma estructural. Para Escobar, sostener un sistema universal exige que EPS, prestadores, pacientes, laboratorios, proveedores y Gobierno asuman responsabilidades. Por eso propone avanzar hacia modelos de salud basados en valor y riesgo compartido, en los que el pago no dependa solo de procedimientos, sino de resultados reales en los pacientes.
Ese cambio implicaría superar el modelo tradicional en el que un prestador factura cada atención, sin que necesariamente se mida si el paciente recuperó su funcionalidad o mejoró integralmente. Bajo modelos de pagos globales prospectivos, los actores administrarían presupuestos con incentivos para cuidar los recursos y mejorar resultados.
Castaño, por su parte, señala que el próximo Gobierno deberá presentar rápido una reforma que defina el futuro del aseguramiento, depure las EPS, sanee deudas y resuelva una pregunta de fondo: qué parte de la deuda acumulada corresponde a insuficiencia de la UPC y qué parte puede estar asociada a errores de facturación, mala gestión o corrupción.
El reto no será menor. El nuevo presidente recibirá un sistema con pacientes inconformes, actores financieros presionados y una discusión política aún abierta sobre el modelo de salud. La prioridad, según los expertos, será evitar que se siga deteriorando la atención y, al mismo tiempo, construir una solución de largo plazo que preserve la cobertura universal sin llevar al sistema a un nuevo colapso.