La Defensoría del Pueblo confirmó este martes, 19 de mayo, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libetad a siete personas que había secuestrado en Arauca.
Las víctimas fueron entregadas a una comisión liderada por la Iglesia católica.
Según dijo la entidad, esto “representa un alivio para sus familias y comunidades que, durante días, vivieron en incertidumbre”.
La Defensoría también recordó que este fin de semana también fueron asesinadas tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas, “hechos que evidencian la grave situación humanitaria que continúa afectando a la población civil en Arauca”.
“Hacemos un llamado urgente a todos los grupos armados ilegales, especialmente al ELN, para que todas las personas sean liberadas prontamente y cesen prácticas prohibidas por el derecho internacional humanitario que profundizan el dolor y el sufrimiento de las comunidades”, enfatizó la Defensoría.
Los secuestradores son integrantes del Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño.
Por medio de un comunicado, dijeron que las personas liberadas son José Alejandro Ávila Márquez, un domiciliario de 19 años; Glori Yarelis Franco Quintero, una recicladora de 41 años. Noranur Cepeda Gélvez; Yeimi Tatiana Arias, una mesera de 40 años; Yuder Daniela Velasco Cepeda, de 27 años; Ifrael García Ovallos, un ventero informal; y Mario Alejandro Guerrero Ravelo, un expolicía de 29 años y quien se dedica a las ventas informales.
El ELN los señaló de hacer labores de inteligencia y tomar fotos en la zona.
Esa guerrilla es la responsable del secuestro de dos funcionarios del CTI y dos policías, a los que les realizó un supuesto juicio revolucionario y mantiene en cautiverio, a pesar de expresos pedidos de la población civil, de sus familias y de entidades del Estado para que los dejen en libertad.
Ellos son Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, funcionarios del CTI, y Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez, agentes de la Dijín.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo en su momento: “El cartel del ELN ni es autoridad judicial, ni tampoco es un órgano del Estado; es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados”.