El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, tiene todo un organigrama de colaboración en medio del preacuerdo y principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General.
En estas negociaciones, López manifestó su pleno interés en declarar en 23 procesos penales que tienen relación con el saqueo a la entidad mediante el desvío de millonarios contratos de obra e intervención.
En el organigrama, que fue presentado en una audiencia celebrada este miércoles 20 de mayo, el abogado José Moreno Caballero formalizó la lista de las personas en contra de las que declarará su cliente.
Como se puede ver en la imagen, el exdirector de la UNGRD entregará información en contra de varios exministros, congresistas, exfuncionarios del Gobierno Petro y contratistas.
En la imagen, presentada en el desarrollo de la diligencia judicial, se destacan los rostros de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Así como la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
A estos se les suman el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González (prófugo de la justicia), y el exasesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo.
Así como el exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique Soacha, cuyo paradero es un misterio.
La lista la complementan los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
En el organigrama, aparecen mencionados seis congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Y otros dos congresistas sueltos: Martha Peralta Epieyú y Julio Elías Chagüi Flórez.
La declaración de Olmedo López fue citada constantemente en las acusaciones que se han hecho en contra de los exministros Velasco y Bonilla, así como en la decisión por medio de la cual se cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur y Karen Manriqu.
Los compromisos de Olmedo
En el preacuerdo, Olmedo López reconoció su participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Igualmente, a mediados de 2025, se avaló un principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.
En la negociación, entregó 724 millones de pesos producto de la apropiación indebida de recursos por el desvío de los contratos de obra.
Además del ofrecimiento de excusas públicas a las comunidades indígenas wayúu en el departamento de La Guajira, que se vieron afectadas con la falta de ejecución de los contratos que tenían como finalidad el transporte de agua potable para poblaciones vulnerables.