Jaime Ramírez Cobo, el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y enlace entre el Gobierno y el Congreso durante el escándalo de la UNGRD, se convirtió en un misterioso personaje para la justicia, pues su nombre aparece en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero las investigaciones en su contra no avanzan.
SEMANA conoció la insólita respuesta que la Fiscalía le dio a Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, sobre los escasos avances de las investigaciones contra el intocable Ramírez Cobo. Bustos también representa a la comunidad Pororu, sector Murujuy, en La Guajira, una de las afectadas por este caso de corrupción en la UNGRD.
En el documento de tres páginas firmado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicaron que el exasesor del DAPRE ha sido citado a interrogatorio, su proceso se encuentra en etapa de indagación y hasta el momento no ha podido ser imputado por este caso, pese a los señalamientos en su contra como uno de los articuladores detrás de lo que ocurrió entre el Gobierno Petro y el Congreso con los contratos de la UNGRD.
“Como quiera que el mencionado ciudadano no ha sido vinculado formalmente al proceso por medio de formulación de imputación, no existe razón legal, en este momento, para limitar su libertad de movimiento o su libertad personal ante la ausencia de decisión de la judicatura que así lo ordene”, dice el documento en poder de esta revista.
En sintesis pese a ser uno de los articuloderes del escándalo de corrupción más grande del actual Gobierno, la Fiscalía va a paso muy lento y no ha pasado de la mera vinculación al proceso.
El entonces enlace de la Presidencia en el Congreso y padrino de bodas de la embajadora en el Reino Unido y exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, ha sido señalado reiteradamente por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla; y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, como uno de los altos funcionarios que habría tenido amplio conocimiento y participación directa en el direccionamiento de contratos para beneficiar congresistas.
Pese a todos esos señalamientos, la Fiscalía aún no tiene pruebas suficientes que permitan emitir una orden de captura o una medida de aseguramiento con prohibiciones de salir del país, contra el misterioso Jaime Ramírez Cobo.
Pero pruebas sí hay, están las citas en Casa de Nariño, los chats, la coordinación de los contratos, las declaraciones de los tres testigos estrella y hasta los chats en los que se coordinaba la asignación de contratos.
El ente investigador le contó al presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas que en la actualidad “se encuentran en desarrollo órdenes a Policía Judicial, cuya finalidad es allegar elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan realizar el juicio de imputación”. Es decir, el caso contra el padrino de Sarabia se quedó en una indagación, pese a que hay pruebas de parte de todos los testigos.
Hay que recordar que, como Ramírez Cobo no tiene ninguna restricción para salir del país, en marzo de 2025, se conoció que estuvo en la ciudad de Barcelona, en España, en medio del escándalo en la UNGRD.
#Nación | Jaime Ramírez Cobo: el otro exfuncionario del Gobierno Petro que salió para España en medio del escándalo de la UNGRD.https://t.co/jG1hPN1jTr pic.twitter.com/B2rm1dHoHl
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 21, 2025
El poder de Cobo
El nombre de Jaime Ramírez Cobo también fue mencionado por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, como el responsable de entregar las hojas de vida de las personas que terminaron como interventores de las EPS controladas por el Gobierno Petro.
Esto después de que el presidente Gustavo Petro denunciara que el entonces superintendente Leal fue “engañado” por la exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, quien le dijo que el mandatario habría enviado unas hojas de vida para nombrar interventores en dichas EPS, pero que terminaron haciendo “business con nosotros”, dijo Petro.
El poder del exasesor de la Presidencia también le habría permitido convertirse en la mano derecha del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, uno de los altos exfuncionarios del Gobierno Petro que fue enviado a la cárcel por este capítulo de corrupción.
SEMANA reveló detalles de la indagatoria que Ramírez Cobo le dio a la justicia, presentándose como enlace entre la Presidencia y el Congreso, siendo “el puente” entre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD, en una reunión que buscaba desenredar tres contratos por más de 90.000 millones de pesos.
Esos contratos en Bolívar, Córdoba y Arauca serían los que tienen en la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes también irán a juicio por este caso junto a sus colegas Liliana Bittar, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado.
Olmedo López y Sneyder Pinilla le han contado a la Fiscalía que el exasesor del Dapre habría entregado órdenes concretas para entregar “unos contratos para unos congresistas”, los cuales habría condicionado a que, si no salían adelante, estaban en riesgo los créditos de la Nación, misión a cargo del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Por su parte, la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, le contó a la Corte Suprema de Justicia que el exministro de Hacienda, el exministro Velasco y el Ramírez Cobo, como enlace de la Presidencia, le ordenaron tramitar los contratos para la Comisión de Crédito Público para lograr el respaldo parlamentario.
“El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él (Jaime Ramírez Cobo) los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco en la que le decían a él que gestione. Él sabe de la urgencia, él sabe que el ministro iba a cambiar una cosa por otra (contratos por votos). Entonces, él es el que me pide contactos para llamar”, contó la exasesora de Bonilla.