La vinculación de Jaime Ramírez Cobo en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) se dio tras ponerse bajo la lupa las gestiones para la entrega de contratos a congresistas con recursos destinados a la atención de emergencias en diferentes regiones del país.
Varios implicados en este escándalo advirtieron la participación de Ramírez Cobo en los hechos de corrupción que saquearon la entidad. Sin embargo, no se conocían actuaciones formales en su contra, hasta ahora, cuando fuentes de la Fiscalía aseguraron que no se descarta una imputación de cargos en las próximas semanas.
Como lo reveló SEMANA en varios reportajes, Ramírez Cobo fue mencionado reiteradamente por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quienes señalaron que habría tenido amplio conocimiento y participación directa en el direccionamiento de contratos para beneficiar a congresistas.
El entonces asesor habría participado en varias reuniones en los ministerios de Hacienda y del Interior, en las que se habló del desvío de recursos de la UNGRD y del Invías para cumplir lo pactado con los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Pese a que en enero de 2025 la Fiscalía lo citó a interrogatorio en medio del expediente de la UNGRD, un año después no ha tomado una decisión de fondo frente a su situación jurídica.
Recientemente, las víctimas reconocidas en este caso les enviaron un derecho de petición a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a las dos fiscales delegadas ante la Corte Suprema para que entreguen información sobre la investigación que vincula a Ramírez Cobo.
En uno de los puntos, la Red de Veedurías Ciudadanas advierte el riesgo de fuga, dado que no existe ninguna medida restrictiva contra el exasesor del Dapre.
“¿Qué medidas se han adoptado para evitar una eventual fuga del señor Ramírez Cobo y si se ha verificado oficialmente su paradero actual?”, señala una de las cinco preguntas planteadas por la Red de Veedurías, que en este caso representa a dos comunidades indígenas de La Guajira.
Teniendo en cuenta información que circula en varios círculos, la Red considera necesario que se informe si hay claridad sobre el paradero actual del exasesor del Dapre.
“Circulan versiones —que de ser ciertas resultarían gravísimas— según las cuales podría estar adelantando trámites de asilo en Managua, Nicaragua. De confirmarse un escenario así, estaríamos frente a un nuevo fracaso institucional, intolerable para las víctimas y para la sociedad colombiana”.
Esto, teniendo como antecedente que dos de los procesados por estos hechos —el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha— salieron del país pese a que ya existía una solicitud de medida de aseguramiento en su contra.