En una carta enviada a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y las fiscales delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, la Red de Veedurías Ciudadanas pidió explicaciones sobre la investigación contra el exasesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, quien ha sido mencionado varias veces en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la misma se cita un derecho de petición enviado para conocer los avances de la investigación contra Ramírez Cobo, quien habría sido el enlace entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República.
Pese a la gran cantidad de declaraciones que vinculan directamente a Ramírez Cobo de participar en este entramado para direccionar contratos de la UNGRD para beneficiar a un grupo de congresistas, hasta el sol de hoy -reclaman las víctimas- nada ha ocurrido.
“Dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el entramado de corrupción en la UNGRD, varios interrogatorios, declaraciones juradas y principios de oportunidad otorgados por personas hoy procesadas han mencionado de manera reiterada al señor Ramírez Cobo como presunto partícipe o articulador dentro de dicho esquema”, advierte.
Esto haciendo referencia a las declaraciones rendidas por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides (hoy testigo de cargo de la Fiscalía General en varios expedientes); así como lo dicho por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
“Pese a lo anterior, y sin que medie explicación pública, procesal o jurídica suficiente, hasta la fecha no se tiene conocimiento de que el señor Ramírez Cobo haya sido siquiera llamado a interrogatorio, diligencia misma dentro de cualquier investigación penal seria y diligente”, complementa la petición.
Estas demoras en vincularlo a un proceso penal abren una gran probabilidad de que se fugue, afectando así la administración de justicia.
Para el Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas existen graves antecedentes en este caso (Carlos Ramón González y César Manrique Soacha), por lo que la Fiscalía debe tomar acciones de fondo y efectivas para que no se repita.
El otro escándalo de Ramírez Cobo.
Igualmente, en el derecho de petición, se hace mención a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien mencionó a Laura Sarabia y Jaime Ramírez Cobo como dos de los funcionarios que habían presionado el nombramiento de interventores para las EPS.
Sarabia y Ramírez Cobo tienen una relación de amistad de vieja data, siendo el segundo padrino de matrimonio de la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Frente a esto, asevera que la respuesta de la Fiscalía General se torna urgente. “Resulta especialmente preocupante que el mismo señor Ramírez Cobo ha sido mencionado en otro episodio de presunta corrupción, distinto al de la UNGRD, en el cual, según información conocida públicamente, el propio Presidente de la República manifestó haber sido presionado para el envío de hojas de vida de su amiga Laura Sarabia”.
“Este contexto refuerza la necesidad de una actuación pronta, clara y transparente por parte de la Fiscalía, máxime cuando se trata de un caso macro, de altísimo impacto institucional y social”, concluye la petición.