Desde hace varios días reposa en el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un derecho de petición en el que se solicita información sobre los avances de la investigación contra el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jaime Ramírez Cobo.
Y es que, pese a que el nombre de Ramírez Cobo ha aparecido en las declaraciones de varios testigos clave dentro de la investigación por el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el momento no ha sido llamado a imputación de cargos.
En uno de los apartes del derecho de petición, que también fue enviado a la fiscal 11 delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño González, se solicita aclarar los avances en este caso y las decisiones que se han tomado para vincular al exasesor en este expediente, que ya cumple dos años.
En el derecho de petición firmado por la Red de Veedurías Ciudadanas se afirma que, a la fecha, no hay “claridad pública” sobre el paradero de Jaime Ramírez Cobo. “Circulan versiones —que de ser ciertas resultarían gravísimas— según las cuales podría estar adelantando trámites de asilo en Managua, Nicaragua. De confirmarse un escenario así, estaríamos frente a un nuevo fracaso institucional, intolerable para las víctimas y para la sociedad colombiana”.
En este punto se solicita claridad frente a estas versiones y, de paso, conocer qué acciones se han adelantado para evitar una eventual fuga en este caso, citando lo ocurrido con el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exdirector del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha, quienes salieron del país en momentos en los que la Fiscalía solicitaba medida de aseguramiento en su contra.
“¿Qué medidas se han adoptado para evitar una eventual fuga del señor Ramírez Cobo y si se ha verificado oficialmente su paradero actual?”, señala una de las cinco preguntas planteadas por la Red de Veedurías, que en este caso representa a dos comunidades indígenas de La Guajira.
Igualmente, se solicita informar sobre las acciones encaminadas a “garantizar” y proteger los derechos de las víctimas reconocidas en este proceso penal, “evitando que este caso derive, una vez más, en condenas simbólicas sin responsables efectivos”.
Finalmente, se advierte que los vacíos y silencios frente a estos interrogantes generan un ambiente de impunidad: “Cuando no se explica por qué unos comparecen y otros no, la confianza institucional se erosiona”.
Ramírez Cobo —quien fue el principal enlace entre el Dapre, el Ministerio de Hacienda y el Congreso— fue citado a interrogatorio el 14 de enero de 2025. Sin embargo, desde ese momento, es decir, hace ya más de un año, no se registran nuevas citaciones en su caso.
En dos oportunidades, según señalaron fuentes cercanas a SEMANA, el exasesor viajó a España, desplazamientos que realizó sin inconvenientes, ya que no contaba con ninguna medida restrictiva en su contra.
Por ello, las víctimas temen que salga del país y no regrese, lo que afectaría el desarrollo del proceso penal y la correcta administración de justicia.
El nombre del exasesor fue mencionado en varias ocasiones durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes actualmente se encuentran en la cárcel.