Bogotá fue testigo esta semana de imágenes inéditas: centenares de estudiantes de varias de las más prestigiosas universidades privadas del país salieron a marchar pacíficamente, convocando paros para rechazar lo que consideran un alza inaceptable en las matrículas para 2023. Pero detrás de las manifestaciones hay un pulso entre ellos y las instituciones, en el que cada uno tiene argumentos de peso; desde 1994, el Gobierno decidió que las universidades podrían incrementar el costo anual para los estudiantes en un porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), conocido como inflación.
Así ocurrió casi religiosamente hasta hoy, cuando el galopante costo de vida, que por primera vez en décadas alcanzó los dos dígitos, hace prever para los estudiantes y sus familias alzas en las matrículas de hasta el 13,9 por ciento.
El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien explicó que el Gobierno no tiene la facultad legal de regular ese tema, logró, tras una reunión con un grupo de rectores, que la mayoría de universidades, con excepción de la Javeriana y Los Andes, aceptaran un principio de acuerdo.
“Entre los rectores hubo un consenso casi mayoritario de que el aumento de las matrículas para el 2023 no puede superar el Índice de Precios al Consumidor, el que dice la ley, el IPC observado el 31 de octubre cuando se tomaron las decisiones”, explicó el ministro Gaviria.
Los estudiantes insisten en que no hay bolsillo que aguante; en la Universidad Javeriana, por ejemplo, el costo de la matrícula para Comunicación Social pasaría de 12.988.000 pesos por semestre a 14.793.000 pesos, es decir, un incremento de 1.805.000 pesos.
Las dos universidades que no se comprometieron tienen sus motivos. El Padre Jorge Humberto Peláez, rector de esa institución, asegura que sin alzas no hay sostenibilidad financiera y se pondría en riesgo hasta el pago de la nómina de cerca de cinco mil empleados.
“No podemos sacrificar ni calidad ni formación integral. Sería una grave irresponsabilidad frente a ustedes, frente a las generaciones futuras y frente al país”, reiteró el rector, quien achaca las alzas a la grave situación económica que se vive, a la que califica como una segunda pandemia.
De hecho, asegura que la Javeriana tuvo un déficit operacional de 9.000 millones de pesos, y que se hace necesario el reajuste en las matrículas para “seguir pagando en dólares, cada vez más costosos, las bases de datos de la biblioteca, las licencias de software, los reactivos y demás equipos de laboratorio”.
Por eso le propone a la comunidad académica una fórmula que combina responsabilidad financiera y apoyo a sus familias. En ese sentido, reitera que la universidad ha invertido cerca de 40.000 millones de pesos en ayudas durante 2022, y prevé que el año entrante habrá 60.000 millones de pesos para ese rubro.
La Javeriana planea cobrar un interés del 0,8 por ciento mensual en las matrículas para 2023, cifra que considera razonable y abre la puerta para el diálogo: “Estamos dispuestos a considerar todas las iniciativas que ustedes y sus familias tengan para facilitar el pago de la matrícula”, asegura el rector.
Sostenibilidad de compromisos financieros
“Cerca del 65 por ciento de nuestra nómina corresponde a salarios de nuestros profesores y personal administrativo, los salarios, por supuesto, aumentan con el IPC; es más, podemos estar un poco más, porque el salario mínimo –que incluye el mínimo y el mínimo integral– quizás crecerá por encima del IPC”, explica la rectora del claustro, Raquel Bernal.
La institución, que reservó 140.000 millones de pesos para ayudas a sus alumnos durante 2023, confirmó que está en permanente contacto con los voceros estudiantiles y que la semana entrante negociarán sobre temas puntuales.
“Seguramente conversaremos sobre extensiones de plazos de pagos y pago diferido a lo largo del semestre sin intereses, entre otras posibilidades de financiamiento”, confirma la rectora. El asunto de fondo es que los jóvenes han salido a las calles, pero sus peticiones, al parecer, no han tenido eco.
Habitualmente las marchas estudiantiles son apoyadas mayoritariamente, pero en esta ocasión las cosas no han sido igual. Excepto en la Universidad Pedagógica, donde un grupo de encapuchados que se infiltraron en las protestas vandalizaron varios locales comerciales y un bus del sistema público de transporte.Aunque exista este principio de acuerdo, es innegable que la situación tocó a todos los estratos sociales y a las universidades más prestigiosas del país.
Los buenos oficios del Icetex
En medio del complejo panorama, el Icetex busca que las universidades entiendan la importancia de no incrementar desbordadamente el costo de las matrículas; por eso ha propuesto que implementen de inmediato lo que se tiene previsto en la reforma tributaria, es decir, el pago del IPC sin ninguna otra suma adicional.
Hasta hoy los estudiantes pagan lo que sube la inflación más una cifra adicional que está entre el 7 y el 12 por ciento; con un IPC que podría rondar el 12 por ciento, un alumno que no tiene subsidios ni ayudas pagaría en 2023 hasta un 24 por ciento más, una cifra impagable que dispararía la deserción.
Por eso, el presidente de la entidad, Mauricio Toro, quien reconoce que la mayoría de las universidades estaría dispuesta a hacer un esfuerzo, hace un llamado a la corresponsabilidad y a la compasión con las familias de casi 120.000 estudiantes, la mayoría de clase media, que no tienen ningún tipo de subsidio ni ayuda, y no pueden pagar ese 24 por ciento de incremento que se ve venir.
“Hacerlo tiene cuatro ventajas claras: primero, permitirles a esos estudiantes pagar solo el IPC, sin agregarles intereses; en segundo lugar, fomentaría el ingreso de más jóvenes estimulados por esa decisión; en tercer lugar, significa retener muchos alumnos y generación de más ingresos en el sistema educativo, y cuarto, sería el primer paso para la humanización del crédito educativo”, explica el funcionario.
Por ahora, el balón está en la cancha de las universidades, en cuyas sedes, por primera vez, se vivieron escenas de protesta estudiantil que se creían reservadas para los alumnos de las universidades públicas.