La mayoría de los partidos políticos y el Gobierno de Abelardo De La Espriella están de acuerdo con eliminar o reformar la ley de la paz total, el instrumento que le facilitó a Gustavo Petro entablar conversaciones y negociaciones con grupos armados ilegales y estructuras de alto impacto criminal. Hasta ahora se conocen dos planes.
El primero es una herencia que dejó Katherine Miranda en la Cámara de Representantes, que contempla borrar de tajo la ley. En su momento contó con respaldos del Centro Democrático, la Alianza Verde y Cambio Radical; el senador Hernán Cadavid tomaría las banderas de esta iniciativa. El segundo es impulsado por el representante Simón Molina, del movimiento Creemos y aliado de Abelardo De La Espriella, y propone reformar la ley.
Este último proyecto sugiere eliminar todas las disposiciones legales que permiten la suspensión de medidas judiciales contra los integrantes de las estructuras de crimen de alto impacto sin un marco de sometimiento previo. Como se recordará, Petro dio el visto bueno para que la Fiscalía avalara el freno de las órdenes de captura de personas ligadas a las bandas delincuenciales de Quibdó, Medellín y Buenaventura sin que existiera una norma para su eventual tránsito a la legalidad.
La segunda reforma que se plantea dentro de ese paquete legislativo es que el Gobierno de turno no podrá reconocer estatus político ni otorgar beneficios propios de procesos de paz a organizaciones que no tengan un origen y naturaleza de carácter político-militar. Eso iría en contravía del plan de Petro, que reconoció al Clan del Golfo como grupo armado.
El tercer punto va encaminado a la propuesta de Abelardo De La Espriella: “El sometimiento de estructuras criminales de alto impacto se regirá exclusivamente por el marco de la justicia ordinaria o el que determine el legislador para tal fin”.
La ley también pretende eliminar los poderes que Gustavo Petro les otorgó a sus representantes en las mesas de paz. Uno de los que dejaría de existir es el siguiente: “Realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”.
De igual manera, dejará de existir la figura de ubicación temporal, la estrategia de la administración saliente para agrupar en una zona específica a los miembros de los grupos armados ilegales cuando el proceso de paz estuviera en un importante grado de avance, como ocurrió con los Comandos de Frontera en Putumayo. Bajo esa percepción, se irían todos los beneficios que dejó el gobierno de izquierda.
Son múltiples los argumentos en la Cámara y el Senado para tumbar la paz total. Entre tantas cosas, se aseguró que su ejecución es negativa, tanto en materia de seguridad como en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.
El Gobierno tramitará su posición sobre la paz total a través del ministro de Justicia, Iván Cancino. SEMANA conoció que la primera decisión que se tomará es la suspensión de todos los beneficios que les otorgó Petro a los voceros de los grupos armados y a las estructuras criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó.
Tal como lo reveló esta revista, Petro le pidió en su momento a la Fiscalía que cesara las órdenes de captura contra 205 criminales, distribuidos de la siguiente manera: ELN (33), disidencias de las Farc (81), Segunda Marquetalia (17), Comuneros del Sur (11), Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (7), Clan del Golfo (3), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (10) y estructuras de Quibdó (12), Buenaventura (8) y Medellín (23). Hasta el primer semestre de 2026, solo 121 beneficios seguían vigentes; esos son los que estarán bajo la lupa del nuevo Gobierno.
El sometimiento, por ahora, es la principal alternativa, y varias bandas estarían dispuestas a acogerse a esa política de Abelardo De La Espriella. Además, se contempla una fuerte persecución contra los grupos armados ilegales.
De La Espriella tiene varias prioridades sobre su escritorio y una de ellas es capturar a los hombres que se sentaron en la mesa de paz de Petro, como Iván Mordisco y Calarcá, las cabezas de las disidencias de las Farc; alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, y demás cabecillas del ELN.