En una carta de seis páginas, el máximo jefe de la banda criminal de Los Costeños, Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de Castor, le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella y al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, evaluar un posible sometimiento a la justicia.

La misiva, que contiene la firma y la huella de alias Castor, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, se presentó pocos días después de que el Gobierno Petro le notificara la suspensión de la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) de Barranquilla y su área metropolitana.
Lo que representaba frenar las vías de sometimiento disponibles en la justicia penal ordinaria, que se adelantaban como parte de la política de paz urbana.

“Le solicito formalmente valorar este riguroso historial de cumplimiento para dar el paso definitivo hacia la instalación formal de una Mesa de Diálogo y Sometimiento a la Justicia, otorgándome las garantías institucionales correspondientes bajo los estrictos parámetros que la ley determina para el desmantelamiento definitivo de las estructuras de alto impacto”, señaló.
Para sustentar su petición, durante cinco páginas expuso los compromisos alcanzados para cesar la violencia y la guerra entre las estructuras criminales en el Caribe.

Así como los aportes a la verdad para esclarecer diferentes actos de violencia registrados durante los últimos años en varios departamentos, en medio de una lucha por el control territorial y el manejo absoluto de actividades delincuenciales.
“Señor Presidente, los datos estadísticos, las entregas físicas de armamento y las reiteradas acciones de pacificación que acabo de exponer constituyen la prueba irrefutable de que yo, Jorge Eliécer Díaz Collazo, he cumplido con creces cada uno de los compromisos de buena fe orientados a generar un alivio humanitario real en el Caribe colombiano”, indicó Castor.

Recientemente, el presidente electo Abelardo De La Espriella le dio un plazo a las organizaciones ilegales para que demostraran su voluntad de sometimiento a la justicia.
De esta forma, buscó ponerles punto final a las mesas de negociación y a los acuerdos que fueron una prioridad del polémico proyecto de la paz total, que no logró ninguno de sus objetivos.
